No es un negocio tan jugoso como el narcotráfico ni tan riesgoso como el terrorismo, pero es terriblemente más inhumano que ambos y extrañamente menos perseguido y castigado por las autoridades norteamericanas.
Cuando conocimos en días pasados un recuento de este delito que ocurre intensamente en la frontera de México y Estados Unidos pensamos que por su magnitud los datos estaban inflados. Pero desgraciadamente no es así.
Sólo en el cruce de Tijuana-San Diego fueron detectados en los últimos nueve meses 3,494 casos de menores de edad que intentaron cruzar ilegalmente la frontera por distintos motivos, la mayoría de ellos llevados por “polleros” profesionales con fines siniestros.
Estos datos arrojan en promedio un caso cada dos horas, lo que significa que este complejo y gravísimo delito social se suma a los otros tantos que acechan a la conflictiva región fronteriza de ambas naciones.
El tráfico de niños no es algo nuevo ni propio de nuestro país. Según estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas cerca de 1.2 millones de menores en el mundo son víctimas de traficantes de personas cada año con la intención de ser sometidos al abuso sexual, a trabajos domésticos, a matrimonios involuntarios o a labores peligrosas.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) destaca que de los 246 millones de menores que trabajan en el mundo, alrededor de 175 millones (más del 50 por ciento) fueron sometidos a pésimas condiciones y de ellos 8.5 millones fueron utilizados en las peores formas de trabajo infantil.
En este último rubro puede considerarse desde la prostitución y la pornografía hasta actividades relacionadas con el narcotráfico, el delito organizado, conflictos armados e incluso el terrorismo.
Según la UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), el tráfico de menores aunado al de adultos arroja ganancias anuales por 12 mil millones de dólares, cantidad similar a las alcanzadas por el contrabando de armas y de estupefacientes.
Debido a que los menores son fácilmente manipulables se convierten en un atractivo para los “polleros” quienes trasladan a los niños a través de las fronteras mediante la fuerza y coacción o con promesas de educación, diversión y de una mejor vida.
Para Carol Bellami, directora de UNICEF, “se necesitan dirigentes políticos de coraje para detener este tráfico, declararlo un crimen y proteger a los niños de esta forma de explotación”. Según la OIT la red criminal se extiende por todos los continentes y casi todos los países del mundo.
El Departamento de Estado norteamericano reconoce en su informe sobre Tráfico de Personas del 11 de junio del 2003 la campaña lanzada por México en contra de la explotación sexual y de tráfico de menores, pero critica que los esfuerzos para atender a las víctimas y para castigar a los traficantes de menores son limitados.
La dependencia elogia los avances alcanzados en contra de la migración ilegal en la frontera de Baja California gracias a la cooperación de las autoridades de ambos países, pero reporta una alta incidencia de tráfico y prostitución infantil en Ciudad Juárez.
Todavía va más lejos al considerar que por la corrupción y la pobre aplicación de la ley no se castiga con dureza a los explotadores de menores.
Pero datos recabados por el Consulado de México en San Diego dicen prácticamente lo contrario, al menos en relación al tráfico de menores en la frontera con Tijuana.
Más del 50 por ciento de los 597 “coyotes” o “polleros” que intentaron cruzar a niños en lo que va del año eran norteamericanos y fueron dejados libres porque técnicamente no cometieron ningún delito al no lograr internar a los menores a territorio estadounidense.
Algunos “polleros” americanos llegan al extremo de señalar que les regalaron al niño en México y que ignoraban que no poseían documentos legales. Sin siquiera levantar sus datos por los agentes migratorios, estos inhumanos individuos quedan en plena libertad para volver a cruzar a menores cuantas veces sea necesario.
Sin duda tenemos enfrente un grave y creciente delito que deberá combatirse con más energía y decisión por parte de los gobiernos de Estados Unidos y México antes que esto se convierta en una bola de nieve imparable como ya sucedió con el narcotráfico y con el tráfico de indocumentados.
Si en los últimos nueve meses fueron detectados 3,494 casos de tráfico de menores en la frontera Tijuana-San Diego, ¿puede usted imaginar cuántos casos más se registran a lo largo de la frontera mexicana y cuántos más que no conocemos concretan su propósito para el detrimento y dolor de miles y miles de niños mexicanos?
* Licenciado en Comunicación por la Universidad Iberoamericana con Maestría en Administración de Empresas en la Universidad Estatal de San Diego. Comentarios a josahealy@hotmail.com