La Jornada
México, DF.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Comisión Mexicana de Derechos Humanos acusaron al gobierno de Chihuahua, encabezado por el Gobernador Patricio Martínez, de negligencia, impotencia y ocultamiento de información sobre el asesinato de casi 300 mujeres a los largo de casi una década en Ciudad Juárez.
Por ello, solicitaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que encabece las investigaciones sobre este caso, el cual "pone a prueba la viabililidad de la sociedad mexicana".
En conferencia de prensa, José Antonio Ortega, asesor de la Coparmex en asuntos de seguridad pública e integrante del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, AC, recordó que el máximo tribunal del país participó en la investigación sobre la matanza de campesinos cometida en Aguas Blancas, Guerrero, en 1995.
Ortega señaló que si no se detienen estos crímenes y se castiga a los responsables será una señal de que "en nuestro país solamente la barbarie tiene futuro".
Según el asesor, Ciudad Juárez se ha convertido en símbolo "de las peores lacras nacionales: violencia, misoginia, impunidad, omnipotencia del crimen organizado, hostigamiento contra quienes exigen justicia, violación del derecho a la seguridad, evasión de responsabilidades por parte de las autoridades, incapacidad de éstas para coordinarse y persistencia de la simulación burocrática".
Los dirigentes demandaron crear de inmediato una comisión interinstitucional que se comprometa a dar resultados en plazos "perentorios", impedir más desapariciones y asesinatos, determinar el paradero de todas las mujeres desaparecidas, identificar los restos de todas las víctimas, detener y castigar no sólo a los responsables de estos asesinatos, sino también "a quienes los han protegido"; revisar los casos "supuestamente aclarados" y reabrir aquellos que sean dudosos o en los cuales "de plano se hayan fabricado culpables", castigar a los servidores públicos que hayan obstaculizado las investigaciones por incuria y mala fe; aplicar vigilancia estricta en zonas críticas (corredores de maquilas, escuelas, centros de diversión y en las zonas donde los asesinos suelen dejare los cadáveres; aplicar operaciones de vigilancia encubierta y señuelos y desarrollar un programa de seguridad con más alumbrado público, circuito cerrado de televisión y alarmas.
De la misma forma, propusieron enviar a Ciudad Juárez al menos mil agentes de la Policía Federal Preventiva para que se queden hasta que termine la operación, así como elaborar un censo de mujeres desaparecidas en todo el país y lanzar una campaña para que familiares de mujeres perdidas aporten información.