GÓMEZ PALACIO, DGO.- La alcaldesa de esta ciudad, Leticia Herrera Ale, dijo desconocer el por qué no se actuó frente a los taxistas que impidieron anteayer el operativo de la delegación de Transporte de Durango en La Laguna, pero señaló que la Presidencia Municipal brindará el apoyo que dicha dependencia estatal solicite. Más adelante, estableció que existe la comunicación directa entre la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) y el subdirector Francisco Torres Larriva, de quien dijo “él es el responsable de que se lleven a cabo las cosas como se le ordenaron”.
En lo que respecta al titular de Seguridad Pública, Arturo López Aguilera, este comentó que “estamos para apoyar los operativos, desgraciadamente, ayer (24 de abril) no recibimos notificación ni llamada alguna de apoyo”. No obstante, aclara que cuando se percataron de que estaba en marcha uno de ellos, mandaron dos unidades, lo cual sucedió alrededor de las once de la mañana.
En relación a una posible intervención de la Policía de Gómez Palacio en caso de que se presenten situaciones como las registradas hace dos días, López Aguilera señaló que: “Recordemos que Autotransporte depende del Gobierno del Estado y en ese sentido, cuando se lleva a cabo ese tipo de acciones, son apoyados por la Ministerial y, por su puesto, por la Municipal”.
Según el titular de la DSPM, para la coordinación de las dependencias cuando se realicen los operativos “es muy sencillo, sólo hace falta una llamada”.
La versión de que no se registró ningún aviso vía telefónica, fue confirmada ayer por parte de Marcos Cordero Tafoya, coordinador del sistema de emergencia C4 en Gómez Palacio.
Por su parte, el titular de la Subdirección de Transporte del Estado de Durango en la Región Laguna, Francisco Torres Larriva, comentó en su oficina que, ante lo sucedido antier, solicitarán ayuda, ya que “con los elementos que tenemos, no es suficiente para hacer la inspección”.
De acuerdo a lo que estableció el funcionario estatal, las organizaciones de choferes de taxis se encuentran divididas de tal forma que “de las cinco que estaban renuentes a acatar el reglamento, ya sólo quedan Alianza y el FOCEP, de Tomás Zárate”, dice.
En relación a las amenazas lanzadas por los choferes y el “rescate” de algunas unidades por parte de integrantes de la base Alianza, el Subdirector de Transporte aseguró que “no queremos que haya ningún enfrentamiento, la prudencia tiene que caber de alguno de los dos lados”.
¿Van a pedir el apoyo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal?
“Ése es el convenio que se firmó (hace dos meses). Yo voy a hablar con la señora Presidenta a ver qué es lo que ella cree prudente... Los señores van a tener que entender que van a sacar sus unidades sin placas”, apuntó.
Referente al convenio de renovación de placas que establece como fecha límite el último de julio, señaló que no cabe la excusa de que los agremiados a las organizaciones no conocieran el contenido, ya que “salió publicado en el Diario Oficial de Durango hace como tres semanas”.
Más adelante, mencionó el hecho de que hay algunos solicitantes que quieren apegarse a dicho acuerdo, lo cual no es posible, ya que “no cuentan ni con placas, ni solicitud, quien trae un carro particular que lo pinta de taxi... es un ‘pirata’ y así hay como mil”. Y agregó que “la realidad es que muchos de ellos pagan por estar protegidos por determinado sindicato para no traer placas”.
Por último, dijo que los operativos van a continuar de manera sorpresiva y que “si esto genera violencia, pues vamos a ver cómo la contrarrestamos”.
El daño económico
Dentro de las oficinas de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Ricardo Rivera Villa, quien se identificó como el secretario general del Sindicato Regional de Choferes, Sitios y Rutas de la sección “que aún estamos por registrar”, acusó a Tomás Zárate, líder del FOCEP, de haberlos despojado de “nuestro patrimonio que por Ley el gobierno nos otorga por el beneficio de tiempo que llevamos en el sindicato”.
De acuerdo a lo que informa, son cerca de 20 concesiones para operar el servicio de combis en la ruta Mayagoitia las que fueron retiradas desde hace dos años. “En su momento, -dijo Rivera Villa-, se le hizo la sugerencia al señor (Zárate) para que nos reingresara a las labores de trabajo”, lo cual no sucedió.
Según el entrevistado, esta situación les está generando a los afectados una pérdida de alrededor de 3 millones de pesos, “tomando en cuenta que cada combi gana al año entre 60 mil y 70 mil pesos”.