Habló fuerte y claro. No le dio vueltas al asunto. Tampoco se entretuvo en diplomacias e innecesarias cortesías. Y aunque no fue grosera, levantó ámpula en el Gobierno. No dijo nada que no supiéramos, ni distinto a lo que muchas y muchos han venido diciendo desde hace años.
Claro, en su voz sonó más fuerte y el Gobierno no pudo hacerse el desentendido. No pudo porque se los vino a decir una mujer de aspecto elegante y mirada linda, que no le tiene miedo a las palabras, que entiende bien de derechos humanos, que sabe bien lo que significa la discriminación de género, y que, por si fuera poco, es la secretaria ejecutiva de un organismo internacional de gran peso político en el mundo.
Irene Khan, de Amnistía Internacional (AI), estuvo en México esta semana para presentar el informe “Muertes intolerables. México: 10 años de desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua”.
El informe de esta prestigiosa organización resume un año de investigaciones y representa un clamor de justicia que por años ha tratado de hacerse escuchar entre autoridades que padecen sordera crónica. De paso le hace la tarea a la procuraduría estatal, que como insiste en que son casos aislados, no tiene datos en conjunto. Así, AI apunta que en los últimos 10 años han sido asesinadas por lo menos 370 mujeres, de las cuales 137 presentaron señas de violencia sexual; que en gran parte de los casos hubo: violación, golpes, cuchilladas, mutilación, atadura, mordida, mordaza y estrangulamiento; que la mayoría de las víctimas (tomando también en cuenta a las desparecidas que según organizaciones no gubernamentales ascienden a 400) tenían entre 13 y 22 años; que la mayoría trabajaba en maquiladoras o era estudiante.
En resumen, y como reiteradamente ha sido señalado, las mujeres asesinadas son jóvenes y pobres. Asimismo, Irene Khan afirma (como también lo han venido diciendo distintas organizaciones civiles) que no se trata de crímenes aislados, sino de un caso flagrante y brutal de violencia de género.
Pero no fue esto lo que levantó ámpula, sino los claros señalamientos (tampoco novedosos) de la “negligencia, apatía, indiferencia e impunidad” con que han actuado las autoridades. En conferencia de prensa, para que todo el mundo oyera y nadie se hiciera el sordo, Irene Khan dijo que “es triste y una vergüenza absoluta que algo tan intolerable fuera tolerado por las autoridades federales, estatales y municipales”.
De acuerdo con las notas periodísticas en el informe se apunta que en la investigación de estos crímenes ha habido falsificación de pruebas, pistas ignoradas o incapacidad de las autoridades para proteger las pistas, exámenes forenses poco confiables, demoras para iniciar las investigaciones o desviación y parálisis en las mismas, uso de la tortura para obtener confesiones de culpabilidad, así como hostigamiento y desprestigio hacia familiares y organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Incluso, en una de las seis recomendaciones que hace al Gobierno, AI especifica que “se debe investigar y sancionar la negligencia, omisión, complicidad o tolerancia de agentes de Chihuahua en las desapariciones y asesinatos de mujeres”.
Por si algún despistado pensaba que Irene Khan exageraba, ahí están de muestra las respuestas del Gobierno Federal y estatal. El presidente Vicente Fox negó que haya fallas en la impartición de justicia en torno a los asesinatos de mujeres (a menos claro, que tomemos en cuenta que no han averiguado gran cosa en 10 años y que siguen apareciendo mujeres muertas).
Pero el premio se lo lleva el gobernador de Chihuahua, el priista Patricio Martínez. De entrada reprobó el informe de AI, porque dice que “han escuchado sólo voces opositoras (las madres de las muertas ¡son de un opositoras!) que sistemáticamente han estado haciendo una explotación de este tema (¡Qué necias! ¡Cada que asesinan a otra mujer hacen un escándalo!), de una manera no sólo irracional (cuando es de lo más racional asesinar mujeres), sino además interesada desde el punto de vista anarquista” (claro, si el orden natural indica que las mujeres somos menos que nada).
Además afirmó: “…tenemos la autoridad moral (cuyo tamaño es directamente proporcional a los al menos 160 asesinatos de mujeres que durante su gestión se han registrado) para señalar que este problema no es nada más de las autoridades locales (coincido, la incompetencia no tiene derechos de exclusividad), pero además no es nada más de mujeres… Que no nos vengan con esa posición farisaica de decir que sólo en Ciudad Juárez hay muertas (no se murieron solitas, la palabra correcta es ASESINADAS). No, éste es un problema mundial (¡ah bueno!, ¿entonces de qué nos preocupamos?)”.
Y para rematar dijo que gran parte de los asesinatos de mujeres en su estado son a manos de gente cercana a las víctimas, por lo que no es posible poner a un policía en cada lecho conyugal (sin comentarios).
Amnistía Internacional habló fuerte, pero por lo visto hay quién se niega a oír. ¿Cuál es la sanción? Porque habemos muchos y muchas que pensamos que la negligencia, la omisión, la apatía y la tolerancia a los asesinatos, son también un crimen.
Apreciaría sus comentarios: cecilialavalle@hotmail.com