24 julio 2003
Buenos Aires, (Notimex).- La justicia argentina ordenó hoy la detención del ex dictador Jorge Rafael Videla y otros 45 militares, en respuesta a una petición del juez español Baltasar Garzón, que pretende juzgarlos en su país por genocidio y terrorismo.
El juez federal Rodolfo Canicoba Corral marcó así una histórica reapertura del juicio en contra de los miembros del Ejército de Argentina que cometieron crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar (1976-1983).
Además de Videla, la lista de orden de captura que la justicia argentina solicitó este jueves a la Interpol incluye a otros miembros de las juntas militares que operaron durante la dictadura, como Emilio Eduardo Massera, Omar Rubens Graffigna y Armando Lambruschini.
Ellos ya habían sido condenados en los juicios que se realizaron a mediados de los 80 en contra de los crímenes de la dictadura, pero en 1990, el entonces presidente Carlos Menem (1989-1999) decretó la conmutación de las penas y los liberó.
La demanda de detención que Garzón envió el pasado 8 de julio al gobierno argentino acusó a los militares de haber provocado "múltiples muertes, lesiones, detenciones, torturas e incendios" durante el gobierno de facto.
La solicitud de Garzón fue emitida por primera vez el 30 de diciembre de 1999, al considerar que su cumplimiento constituía un trámite necesario para solicitar la extradición del ex dictador argentino y los otros militares.
El gobierno del entonces presidente de Argentina, Fernando de la Rúa (1999-2001), emitió un decreto para reconocer la territorialidad de la justicia argentina e impedir que los militares solicitados por tribunales de otros países pudieran ser extraditados.
El mandatario argentino Néstor Kirchner, que asumió el cargo el pasado 25 de mayo, advirtió que en cualquier momento podría derogar ese decreto y cuestionó las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida que dieron impunidad a los responsables de delitos de lesa humanidad.
Esas leyes fueron emitidas durante el mandato del presidente Raúl Alfonsín (1983-1989) para garantizar la inmunidad de más de mil militares que participaron en los crímenes de la dictadura. De ellos, 104 tienen pedido de extradición en Europa.