18 de diciembre de 2003
NUEVA YORK, (Reuters).- El presidente de Estados Unidos no tiene autoridad para detener a un ciudadano norteamericano capturado en el país como combatiente enemigo, dictaminó el jueves una corte federal de apelaciones, en un serio revés para la guerra del gobierno contra el terrorismo.
La Segunda Corte Federal de Apelaciones, en un fallo de dos contra uno, dijo que sólo el Congreso puede autorizar tales detenciones y, por consiguiente, ordenó al gobierno del presidente George W. Bush que ponga en libertad al detenido , José Padilla, en un plazo de 30 días.
El tribunal decidió que el gobierno debe transferir a Padilla, un ciudadano estadounidense de origen puertorriqueño mantenido incomunicado en una prisión de la Marina, a una autoridad civil para ser acusado.
"El poder presidencial no está aislado y en este caso no se trata de implementar sus responsabilidades de manera agresiva sino de que el presidente está obligado, en las circunstancias presentes, a compartirlas con el Congreso", dijo el tribunal.
"Cuando, como en este caso, el poder del presidente como comandante en jefe de las fuerzas armadas y el principio nacional de legalidad se sobreponen, concluimos que es necesaria una autorización precisa del Congreso para la detención de norteamericanos en territorio estadounidense", añadió.
La fiscalía federal de Manhattan aún no ha hecho comentarios sobre la decisión. En Washington, el portavoz del Departamento de Justicia, Mark Corallo, dijo: "Estamos revisando el fallo", pero no quiso hacer más comentarios.
Padilla es sospechoso de participar en un plan de la red Al Qaeda para detonar una bomba radiactiva en Estados Unidos. Fue arrestado hace 18 meses en el aeropuerto de O'Hare de Chicago cuando llegaba de Pakistán. Después, fue trasladado al sistema penal federal de Manhattan donde lo dejaron como testigo de una amplia investigación terrorista.
Los abogados de Padilla en Nueva York buscaban su libertad, así como acceso a su cliente.
Fiscales federales han dicho que Padilla no debe tener acceso a abogados porque representa una amenaza para la seguridad nacional y la defensa interferiría con los interrogatorios.
Asimismo, consideran que la red Al Qaeda podría utilizar a los abogados de la defensa para pasar mensajes inadvertidos a sus efectivos.