TORREÓN, COAH.- Por concluir se encuentran las averiguaciones previas que se integran en contra de la Unión Campesina Independiente (UCI) por el delito de fraude en perjuicio de 25 personas que aportaron diversas cantidades de dinero para que la agrupación les consiguiera una visa para trabajar en Estados Unidos. El daño patrimonial global asciende a más de 125 mil pesos.
Eliseo Cabrales Saldaña, coordinador de Agencias del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Delegación Laguna Uno, dijo que el caso lo lleva Guillermo Moreno Martínez, responsable de la Mesa Uno de Delitos Patrimoniales.
Se tienen 25 denuncias interpuestas contra la UCI, desde septiembre de 2002, luego que dicha agrupación estuvo difundiendo por diferentes medios de comunicación que podía conseguir visas para laborar en Estados Unidos.
Para ello, agregó el funcionario de la PGJE, los solicitantes deberían presentar ciertos documentos además de llenar una solicitud con sus datos y aportar la cantidad de 5 mil 100 pesos para gastos.
La Unión Campesina Independiente, tenía sus oficinas en bulevar Constitución No. 236 poniente de la colonia Ampliación Los Ángeles, lugar a donde los afectados estuvieron acudiendo a fin de que les hicieran valer lo convenido, pero sólo estaban las secretarias y éstas no tenían idea de dónde localizar a los responsables de la agrupación.
Cabrales Saldaña dijo que están por terminarse de integrar las averiguaciones para acreditar con el cuerpo del delito y sólo falta recabar algunos datos para saber la probable responsabilidad de quienes estuvieron al frente de la UCI.
Asimismo, señaló, que se cuenta con la media filiación del probable responsable y se está investigando en otros Estados del país donde lo tienen plenamente identificado a fin de poder establecer las acciones que se habrán de seguir para su pronta detención.
Legal la otra organización
Respecto a las denuncias que por el mismo delito se hicieran a la Asociación Nacional Campesina, señaló que ésta sí se encuentra legalmente constituida y todo se trató de una lamentable confusión de parte de los afectados, a quienes se les hizo entrega de las cantidades que habían aportado.
Explicó que cuando algunas personas acudieron a las oficinas de esta agrupación y las encontraron cerradas, interpusieron sus denuncias, pero resulta que fue por espacio de unos días que permanecieron sin personal, ya que éste salió de asueto.
En las oficinas de la PGJE, los responsables de la ANC, hicieron entrega de las cantidades respectivas a quienes iniciaron querella en su contra, quedando finiquitado el problema.