Aumentar proporcionalmente el monto de las aportaciones del gobierno estatal y en lo individual de cada uno de los 16 mil 500 trabajadores para capitalizar las reservas del fondo, lo cual implicaría reformas al marco jurídico que reglamenta la aplicación de la prestación, se presenta por ahora como la única opción preventiva para enfrentar a un futuro inmediato el pago de las pensiones y jubilaciones de los afiliados de la Dirección de Pensiones del Estado, ya que además de los mil 402 casos que absorbe en la actualidad, y que le representan una nómina mensual de 6 millones y medio de pesos, hay otros mil 500 con derecho a recibir las rentas vitalicias, que en promedio rebasan los 20 años de vigencia.
Precisamente en el transcurso del mes en curso (mayo), las partes que concurren al proceso habrán de reiniciar una serie de pláticas tendientes a llegar a un consenso sobre la alternativa de solución a lo que se vislumbra desde ahora como un problema económico, y llevarlo al pleno del Consejo de Administración de la Dirección de Pensiones, a fin que ahí el acuerdo se oficialice y de ser necesario promover las reformas de ley que permitan hacer las adecuaciones al monto de las aportaciones.
Para el pago de la nómina mensual de 6.5 millones de pesos de los mil 402 jubilados y pensionados que tiene actualmente, la Dirección de Pensiones del Estado no tiene problemas de liquidez, gracias a la capitalización de sus reservas. El gobierno estatal aporta el 6.5%, mientras que los trabajadores el 5%.
Sin embargo, el hecho de que ya existan mil 500 trabajadores con derecho a jubilarse o pensionarse, obliga a la necesidad de realizar las proyecciones financieras a futuro inmediato que permitan al organismo tener solvencia económica para enfrentar la erogación que implicará, de lo contrario el problema pudiera desbordarse.
Al ser cuestionada al respecto, María del Socorro Pulido Corral, titular de la Dirección Estatal de Pensiones, admite que las expectativas generadas por los mil 500 trabajadores que ya están a la espera de jubilarse y pensionarse, al cumplir los requisitos establecidos para hacerlo, obligan a tomar las medidas preventivas que mantengan la solvencia económica del organismo durante las próximas décadas.
Para hacerlo, se habrá de realizar una serie de pláticas con y entre los miembros del Consejo de Administración, que son el gobierno estatal, a través del titular de la Secretaría de Finanzas, los representantes de los sindicatos de la Sección 44 del SNTE y de los Tres Poderes, así como de la propia dirección de Pensiones.
Está ya en la mesa del análisis y discusión, la propuesta de elevar el monto de las aportaciones, que aunque Socorro Pulido dijo no existir un porcentaje específico, se habla que en el caso de los trabajadores sería del 5 al 6%, mientras que gobierno del 6.5 al 7.5%.
Aparte, en la reforma al marco jurídico también se incluiría en la mesa del análisis, el porcentaje del salario con el que sería pensionado y/o jubilado un trabajador, que en la actualidad es del 60%. Aquí desde ahora se vislumbran discrepancias, ya que mientras los sindicatos se pronuncian por que se eleve al 100%, la Dirección de Pensiones considera que hacerlo con tal porcentaje lesionaría las finanzas del organismo. Lo más importante es garantizar el retiro del personal sindicalizado y de confianza, argumenta Socorro Pulido.
Otro de los aspectos que se abordará en el análisis, son los requisitos que se establecen para que los trabajadores en activo se pensionen y jubilen: para lo primero se exigen 15 años de servicio mínimo y 55 de edad; mientras que para la segunda prestación, con 30 años de servicio es suficiente, sin importar la edad.
Ello implica, que en la actualidad haya jubilados con menos de 50 años de edad, lo que implica a la Dirección de Pensiones, pagarles rentas vitalicias que superan los 20 años. El objetivo, de acuerdo con las tendencias nacionales e incluso internacionales, es modificar tales parámetros, en función de que las expectativas promedio de vida de los hombres es de 73 años y mujeres 76.