Lo que deja lugar a duda es saber que bicho les picó, a las personas que forman parte del equipo de trabajo del ayuntamiento de la vecina ciudad de Gómez Palacio, para violentarse en contra de una colaboradora de esta casa periodística que se había limitado a poner en conocimiento de la comunidad lagunera la nulidad de un decreto expropiatorio expedido por el gobierno estatal de Durango, lo que se hizo junto con la nota en que se da a conocer la reacción de la dirección jurídica municipal cuyo personal negó conocer el fallo aduciendo no haber sido notificado. Hasta ahí todo en santa paz. Lo que produjo extrañeza es que a continuación la autoridad interpreta la actuación de la reportera como un deseo personal de dañar a la administración municipal, atreviéndose a calificar su información de “falsa y mal intencionada”.
Es una actitud que, se puede decir, raya en la histeria al considerar que una información de interés para la comunidad, a la que no se le agrega comentario, ni oculta la verdad de los hechos, tenga connotaciones difamatorias. El poner en letra de imprenta que la justicia federal anuló un decreto expropiatorio, es de lógica pura, dado que la nota periodística no califica el fallo tachándolo o no de correcto. La reportera de El Siglo de Torreón se concretó simple y llanamente a dar cuenta, sin agregados ni correcciones, de lo que aparecía en una sentencia judicial que dejaba sin efecto jurídico alguno un acuerdo por el que se había mandado privar de una porción de terreno al dueño de un predio particular.
Se antoja pensar, si no hay un motivo válido para pensar que se está dañando a alguien, que es claro se trata de un clásico berrinche de quien se ha mareado con el poder o, en su caso, de una actitud intimidatoria que carece de sentido, tratando, usaré un lenguaje coloquial, de asustar con el petate del muerto, o bien, sin darnos cuenta, en esa industriosa ciudad ha sentado plaza el fantasma del dominico Tomás de Torquemada.
El gobernador de la entidad, Ángel Sergio Guerrero Mier, con dolo, eso parece, expone a un repudio popular al propietario de la porción de terreno, objeto del litigio, buscando el linchamiento ciudadano al mostrarlo como un sujeto egoísta y voraz, que se opone a que el Gobierno le proporcione un bienestar a la comunidad, aduciendo que ha tratado de extorsionar al Gobierno al pretender que el ayuntamiento le compre todo su rancho. Sin temor a equivocarme, creo que un propietario está en su legítimo derecho de oponerse a una venta forzada, negociando lo que convenga a sus intereses, en tanto el Gobierno obra bien al hacer su trabajo, usando como herramienta la figura administrativa de la expropiación por causa de utilidad pública, tratando de brincar por encima del sacrosanto derecho de propiedad, por que así lo exige la necesidad colectiva.
En otro orden de ideas, no creo que los magistrados que resolvieron el amparo se opongan a que se lleven adelante trabajos de beneficio general, tan es así que será en última instancia, la Suprema Corte de Justicia la que decidirá, si la obra es a su juicio de tal trascendencia para el bienestar social, que se dé un cumplimiento substitutivo al amparo concedido, ordenando reciba el particular la indemnización que corresponda. Por ello debemos pensar que el decreto no viola garantías por sí mismo al pretender satisfacer el interés común, si no que, en tal caso, es posible, todo puede ser, que el decreto no cumpla con los requisitos que determina la ley, lo que suele suceder cuando no se ha elaborado por personas con la suficiente capacidad jurídica para esos menesteres.
En fin, ni modo, lo que hemos narrado aquí es la difícil vida de los que se dedican a comunicar con seriedad y comedimiento el diario acontecer en la comarca lagunera. Lo malo para algunos que despachan en oficinas públicas es que apenas reciben un nombramiento cuando ya están interactuando sus jugos biliares, no permitiendo, que nadie se inmiscuya en asuntos del orden público que consideran sólo de su incumbencia. Es por eso que el camino de los que hacen reseñas en los periódicos suele estar plagado de cardos. En esta vez uno de los interesados acudió a las oficinas ministeriales pertinentes a hacer una denuncia de hechos que la autoridad determinará si constituyen o no delitos penados por la ley. No obstante, al autor de este desaguisado, lo inminente de que se va a saber que no supo defender el caso ante los tribunales federales o que si el asunto se perdió fue debido a que el decreto expropiatorio tiene defectos cruciales o ambas hipótesis a la vez, como se está viendo, lo compele a dar palos de ciego.