La negativa de Andrés Manuel López Obrador a cumplir una orden de la Suprema Corte de Justicia, entraña un desafío al régimen de legalidad y al sistema de división de poderes, que amenaza al proceso de transición a la democracia plena que vive nuestro país.
El funcionario incurre en rebeldía en relación a una sentencia del Poder Judicial de la Federación, que obliga al Gobierno del Distrito Federal a pagar una indemnización a los afectados por un decreto que expropió doscientas noventa y cuatro hectáreas de terreno en mil novecientos ochenta y nueve.
El litigio constitucional se prolongó catorce años durante las administraciones priistas de Manuel Camacho, Manuel Aguilera y Óscar Espinosa, así como en los gobiernos perredistas de Cuauhtémoc Cárdenas, su relevo Rosario Robles y el que preside el propio Andrés Manuel. Frente a la ejecución de la sentencia, López Obrador la emprende en contra del Poder Judicial Federal a cuyos Jueces y Magistrados acusa de estar inmersos en un mar de corrupción coludidos con los abogados de los afectados por la expropiación.
Andrés Manuel denuncia presuntas irregularidades que según él se cometieron dentro del procedimiento, lo que debió ser objeto de exposición ante los Jueces para su valoración y a estas alturas resulta inoportuno. A su oposición abierta al mandato judicial, agrega un llamamiento a la población del Distrito Federal y en particular a los habitantes de los terrenos expropiados, para enfrentar a la autoridad de la Suprema Corte de Justicia, lo que además de demagógico resulta criminal e impropio de un presunto aspirante presidencial.
La sentencia condena al pago de mil ochocientos millones de pesos, que implican seiscientos cuatro pesos por metro cuadrado, por una superficie de terreno que hoy día es habitacional y comercial. Es necesario reconocer que el inmueble tenía un propietario original e indagar sobre la forma en que la autoridad haya dispuesto del inmueble una vez expropiado y cómo haya concedido autorizaciones para su urbanización, introducido servicios y lotificado a favor de terceros. Así mismo, se entiende que sobre tales operaciones el Gobierno del Distrito haya recibido cantidades de dinero y las siga recibiendo bajo el rubro de impuestos.
Sin perjuicio de los argumentos que haya esgrimido el Gobierno de la Ciudad en el expediente judicial y los que ahora exponga, los reclamantes son ciudadanos que en su momento fueron reconocidos por los Jueces, como propietarios de los terrenos con derecho a recibir el pago de la indemnización correspondiente al acto de expropiación.
Lo anterior tiene apoyo en lo dispuesto por el Artículo 27 de la Constitución General de la República, que prohíbe la ocupación de la propiedad privada por parte de las autoridades, salvo que sea por causa de utilidad pública y mediando la correspondiente indemnización. La actitud de Andrés Manuel López Obrador permite imaginar lo que serían sus relaciones con el Poder Judicial Federal, de llegar a ser Presidente de la República.
En aras de la libertad de expresión, un ciudadano común está en su derecho de manifestar desacuerdo con una resolución judicial que le afecte y hasta cuestionar su apego a la justicia pero en todo caso, tendrá obligación de obedecerla. En el caso del titular de un órgano de autoridad como acontece, Andrés Manuel López Obrador debe acatar la orden judicial que se comenta en sus términos sin provocar escándalo, como corresponde a un aspirante a estadista, en un sistema institucional y de derecho.
El principio de legalidad que implica la obediencia a la Ley escrita por parte de gobernantes y gobernados y la división de poderes como forma de equilibrio para evitar el despotismo, son bases fundamentales de nuestro Sistema Constitucional que postula al derecho escrito como límite de la autoridad del gobierno y al Poder Judicial como su salvaguarda.
En nuestra tradición jurídica constitucional, el principio de legalidad y la división de poderes encontraron resistencia en el México del Siglo Veinte, en el sistema de Partido de Estado del cual Andrés Manuel López Obrador, ayer fue digno servidor y hoy es claro exponente.
El atrevimiento de López Obrador, supera al populismo que padecimos en el pasado reciente y que amenaza volver por sus fueros. En un país cuyo tránsito a la democracia plena se encuentra atorado por la falta de acuerdo social y político, la amenaza de un nuevo caudillo asoma con sus ingredientes de ignorancia, demagogia y despotismo, en toda su crudeza.