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México, DF.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) encontró omisiones cometidas por aparatos de justicia estatal y federal en las investigaciones de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, lo que implicaría responsabilidades administrativas y penales atribuibles a funcionarios encargados de esclarecer el caso.
En el Informe Especial sobre este asunto, que será difundido el próximo 25 de noviembre, la CNDH indica que el Estado mexicano ha incumplido con sus facultades y responsabilidades ya que al momento no se ha identificado plenamente a un gran número de víctimas ni a los responsables de esos hechos.
En el documento se señala que las prácticas del homicidio y de la desaparición atentan contra el derecho a la vida y a la libertad, además de que producen daño, dolor e incertidumbre perennes a los familiares de las víctimas y afectan a la misma sociedad civil.
El informe elaborado por un equipo de 20 visitadores adjuntos, que realizaron este trabajo a lo largo de 11 meses, establece que las investigaciones de 262 homicidios y cuatro mil 587 reportes de desapariciones revelan que al menos 105 casos permanecen paralizados, sin que se logre la identificación de la víctima, debido a que, desde el momento de la muerte, sólo se realizaron diligencias mínimas.
Ente esas diligencias, destacan el dar fe del cadáver, la solicitud de informes a los agentes de la Policía Judicial asignados a la averiguación y el requerimiento de exámenes periciales.
Por otra parte, la investigación de la CNDH establece que a diez años de los asesinatos (1993-2003), aún existen 155 casos en los cuales no se ha determinado la plena responsabilidad del autor del homicidio ni a disposición de los jueces penales a los probables responsables.
Asimismo, debido a que menores de edad han sido objeto de homicidio o desaparición en Ciudad Juárez, “resulta claro que el Estado ha incumplido en aplicar medidas especiales para la protección de los menores”, tal como lo señalan los mecanismos internacionales de protección de las garantías individuales de los infantes.
Por lo anterior, el análisis afirma que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua no tiene bases jurídicas para declarar resueltos algunos casos ya que la víctima ni siquiera ha sido identificadas, no se ha establecido el móvil del crimen y se desconoce la identidad del presunto responsable.
Además, el órgano judicial de la entidad desconoce el destino de dos mil 415 expedientes abiertos por desapariciones, mientras que de dos mil 166 que reconoce y cuyas indagaciones se iniciaron en 1998 sólo entregó a los visitadores de la CNDH un total de 391.
De los homicidios o desapariciones de mujeres, es evidente que no se ha estudiado el fenómeno de manera global, sino que a cada asunto se le ha otorgado un tratamiento individual, al margen de las posibilidades legales, como si se tratara -expone el documento- de casos aislados.
Las averiguaciones previas tampoco están acumuladas, aún cuando se trata de casos análogos, ni se han establecido líneas de investigación sustentadas en la correlación de asuntos a partir de generalidades, tales como las causas de muerte, el lugar de ejecución y el hallazgo del cuerpo, así como la correspondencia en cuanto a rasgos fisonómicos de las víctimas.
Pese a que el Informe Especial se refiere a los casos de homicidios o desapariciones de mujeres ocurridos en Ciudad Juárez, durante las indagatorias se detectaron 26 casos más, de los cuales cinco corresponden a la ciudad de Chihuahua, 16 a León, Guanajuato, y cinco más a Nogales, Sonora.
Aún cuando cada caso cuenta con un patrón aparentemente diverso, coinciden en una manifestación de la violencia hacia la mujer, que demanda una atención oportuna, pero por sus características éstos no se acumularon al presente caso y serán materia de una pronunciamiento particular, una vez que se agoten las diligencias de investigación correspondientes.
El reporte de la CNDH resalta los métodos inadecuados que utilizó la autoridad judicial para obtener confesiones ya que en 89 casos los presuntos involucrados en la comisión de estos delitos manifestaron que su declaración fue “arrancada” por medio de tortura, maltratos o amenazas.