Notimex
Bogotá, Colombia.- Un número indeterminado de trabajadores colombianos al servicio del Estado, que protagonizan un paro nacional por 24 horas, resultaron ayer lesionados durante un enfrentamiento con la fuerza pública, denunciaron fuentes sindicales.
“Tenemos que lamentar que la Alcaldía haya acudido a una medida de carácter represivo para desalojar a los trabajadores, con resultado de heridos por los gases lacrimógenos”, declaró a la prensa el líder obrero Roberto Chamucero, organizador de la protesta.
Los disturbios estallaron en El Centro Administrativo Distrital de Bogotá, cuando los manifestantes realizaban un mitin en los predios del edificio oficial, añadió el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Estatales (Fenatrase).
El presidente interino de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, dijo por su parte que durante los incidentes hubo algunos lesionados, aunque no precisó cuantos.
Los impulsores del paro dijeron que el 70 por ciento de los afiliados (alrededor de 700 mil) se sumaron al cese laboral, aunque el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez reportó normalidad en las oficinas estatales.
Según Chamucero, en la protesta de un día participan los trabajadores de la recién liquidada Empresa de Telecomunicaciones (Telecom), el sindicato petrolero, el sector de la Salud y la rama judicial, entre otros.
Con el paro, las organizaciones obreras rechazan la decisión gubernamental de liquidar, reestructurar o fusionar a varias entidades públicas, como parte de un severo plan de ajuste fiscal.
Según el Ejecutivo, al Estado no le queda otro camino que acudir a la austeridad para que las empresas sean sostenibles, aunque los trabajadores afirman que se trata de una exigencia del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Los sindicatos decidirán si convocan la próxima semana a una huelga general indefinida o acuden a otras alternativas para frenar la que han llamado “masacre laboral”.
Según Chamucero, dentro del proceso de reestructuración, se despedirán cerca de 100 mil operarios, de los cuales más de ocho mil ya fueron retirados de diferentes instituciones oficiales.