La resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, que declara la ilegalidad de los estatutos del Partido Verde Ecologista de México y decreta su reforma, es digna de comentario. De acuerdo a la resolución, los procedimientos seguidos por dicha organización política para elegir a sus dirigentes carecen de sentido democrático, en la medida en que no recogen ni reflejan la voluntad de los militantes.
En la práctica la resolución constituye un duro golpe para la familia que controla a dicho instituto desde su creación, como si se tratara de un bien patrimonial del dominio de particulares. Como suele ocurrir en estos casos, la parte afectada por la decisión judicial no ha quedado conforme y si bien anuncia que la acatará en sus términos, la califica como el resultado de “una campaña del gobierno” en contra del PVEM.
Sin embargo del alegato referido, lo cierto es que el procedimiento judicial al respecto fue iniciado por elementos disidentes del propio partido, que están inconformes con el predominio familiar en cuestión. Los hechos están a la vista; desde su nacimiento el PVEM no ha conocido más liderazgo que el que ha pasado la estafeta generacional de padre a hijo, hasta ahora en que la sentencia que se comenta implica una virtual deposición.
La presente se viene a sumar a otra sentencia que en fecha reciente canceló el registro al Partido de la Sociedad Nacionalista, entidad usufructuada por otra dinastía como bien propio. La resolución que es objeto de comentario, implica la apertura de nuevas oportunidades al desarrollo del PVEM, en aras de una mayor participación ciudadana y un mejor aprovechamiento de los recursos públicos destinados al sostenimiento de dicho partido.