22 agosto 2003
México, (Notimex).- El Instituto Federal Electoral (IFE) determinó hoy que los cinco partidos que perdieron su registro en los comicios del 6 de julio, notifiquen a la Tesorería de la Federación los bienes que fueron adquiridos con financiamiento público, a fin de que ésta determine lo procedente según la normatividad aplicable.
Los consejeros electorales y representantes de los partidos políticos discutieron durante casi dos horas sobre el procedimiento de liquidación de los partidos Liberal Mexicano, Alianza Social, Fuerza Ciudadana, México Posible y de la Sociedad Nacionalista, dadas las lagunas legales que hay en la ley electoral. Con seis votos en contra, dos abstenciones y uno a favor, el Consejo General del IFE rechazó la propuesta del consejero Jaime Cárdenas en el sentido de que los institutos que no alcanzaron el dos por ciento de la votación devuelvan el patrimonio adquirido con las prerrogativas entregadas por el organismo electoral.
La consejera Jacqueline Peschard argumentó que la propuesta de Cárdenas invoca a la Ley del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, misma que no es aplicable ni al IFE ni a los partidos políticos.
Por ello, consideró que la propuesta del consejero Jesús Cantú sería más aplicable en el caso, ya que al no existir ley específica al respecto, "creo que sí hay disposición constitucional y legal sobre cuáles son los propósitos por los que los partidos reciben financiamiento público establecido en el artículo 41 del Cofipe".
Es decir, explicó, "se trata de un patrimonio orientado a determinados fines, y si éstos no existen, desde luego que no puede haber un patrimonio para un partido cuya figura ya se ha disuelto".
Peschard destacó que el hecho de que dicha propuesta no contemple sanción alguna, pero resaltó el que se respete un procedimiento que dé claridad y trasparencia en las acciones de los partidos, como parte de esas prerrogativas que recibieron durante su vida activa y, de encontrarse alguna irregularidad de tipo fiscal o pena, estén informadas las autoridades para que puedan hacer lo conducente.
Pablo Gómez, representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ante el IFE cuestionó: "¿Quién se queda con un vehículo comprado por un partido que ya no existe, el presidente del partido, el chofer?, ¿Qué se hace?" Lo cierto, dijo, "es que alguien se lo va a clavar porque el legislador no incluyó ese aspecto en la ley electoral y esto ya ocurrió; pero ello no implica que siga ocurriendo. Nadie está obligado a cometer el mismo error dos veces".
A decir del perredista, hay una presión pública razonable que exige que los bienes muebles e inmuebles que obtuvieron los partidos políticos sean devueltos; "bastaría preguntarle a cualquier persona en la calle para constatarlo". De tal suerte, recordó que aquellos partidos inconformes con la determinación del IFE tienen la posibilidad de acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación donde, "obviamente, van a perder; pueden ganar algún punto del procedimiento, pero el Tribunal no va a decir que se claven los coches y todo. Eso es una cosa ilógica".
El presidente del partido Fuerza Ciudadana, Jorge Alcocer, cuyo partido es uno de los que perdieron el registro, anunció que acudirá al Tribunal al considerar que no había materia legal para obligar a los partidos a retornar los bienes.
Incluso, se quejó que los partidos que legalmente dejaron de existir "son objeto de una campaña de linchamiento", al ser mencionados como los responsables del excesivo gasto en las campañas políticas. "Ni los nuevos partidos somos responsables de ese gasto, ni es el número de partidos lo que explica la abstención", anotó.
En tanto, a juicio de Roberto Calderón, representante del PAS, la pretensión de obligar a las fuerzas políticas a reintegrar su patrimonio carece de sustento constitucional y legal, "independientemente de las razones éticas o morales que existan para ello". Difirió con Pablo Gómez en el sentido de que exista algún partido que quiera quedarse con los bienes para un usufructo personal; "nadie está pensando en ello", anotó.
A la sesión no acudió el dirigente nacional del Partido de la Sociedad Nacionalista, Gustavo Riojas, instituto que adeuda al IFE 140.8 millones de pesos, por mal manejo de los recursos públicos.
Más adelante, el consejero Gastón Luken, destacó que la autoridad no puede descansar en la buena fe, en el sentido común o en la ética política de los partidos y "es por ello que busca tomar un acuerdo de esa naturaleza para que esos sujetos cumplan posterior a la pérdida de su registro con estas obligaciones".
De esa manera, con ocho votos a favor y una abstención, los consejeros electorales determinaron que los partidos que perdieron el registro deberán dar vista a la Tesorería de la Federación sobre los bienes que adquirieron con financiamiento público, no así respecto de los que fueron producto de financiamiento privado.