No cabe duda que conforme pasa el tiempo se recrudece el problema nacional de la inseguridad pública, que su uso como argumento de promoción, al sentir de los políticos, se torna prioritario en períodos electorales como los que ya hemos iniciado, cuando los partidos “sueltan los gallos” buscando ganar puestos públicos por las elecciones.
La insatisfacción de la ciudadanía se transforma en ventajas para la oposición que critica fuertemente; es además desventaja para quienes ejercen el poder y son conscientes de su ineficiencia y fracasos repetidos en el intento de atender las demandas de los votantes.
Son tiempos en que se buscan alternativas de promoción y publicidad, tratando de minimizar incapacidades y de provocar polémicas que logren alejar al elector del análisis de fondo sobre qué es lo que le conviene, cuáles son los resultados obtenidos y qué es lo que les ofrecen.
En esos términos se ha desatado la polémica sobre la propuesta para legalizar la posesión (no portación) de armas de fuego en domicilios particulares; solamente las de “calibres autorizados”, menores al de 38 milímetros, igual o más peligrosas que las denominadas “de uso oficial”. Usted pregunte a un cirujano sobre el temor al destrozo que hace una bala de calibre 22 en la cavidad abdominal de un ser humano.
Lo que se está quedando en el tintero sin la suficiente discusión, es que: la violencia no se combate con la violencia, como tampoco el fuego se apaga con materiales combustibles.
La historia del uso de armas de fuego ha dividido a la humanidad en dos grandes grupos de posiciones encontradas: el de las naciones que por sus orígenes y formas de organización requirieron medios para poder atender su seguridad y autoprotección, como el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, que se fundaron en base a la colonización de bastos territorios, de tierras inhóspitas y sin ley, muchas veces plagadas de facinerosos y en otras ocasiones desprotegidas por falta de autoridades que impusieran el orden.
Estos países son denominados “liberales”, por la facilidad que otorgan a sus ciudadanos para comprar armas, muchas veces con un simple trámite de registro en las propias armerías; curiosamente casi siempre tienen antecedentes de ser pueblos guerreros y violentos.
La contraparte la forman los países que se denominan “conservadores” y que representan a los grupos sociales con una cultura añeja, con un largo camino en el estudio de la aplicación de la justicia y las mejores formas de convivencia. Son naciones denominadas post-modernas, que muestran en sus perfiles sociográficos leyes y formas de gobierno con mayor evolución en la vida democrática, que han alcanzado altos niveles de igualdad en derechos, usos y tratos para sus minorías.
También es interesante estudiar sus estadísticas que muestran menores índices de criminalidad, con relación directa e indirecta en los estándares de calidad de vida que ofrecen a sus ciudadanos.
Tampoco es desconocido que poseer armas en el medio social se relaciona con el incremento de homicidios y heridos por las mismas; que las posibilidades de lesión y muerte por esa causa es mayor en casos de enfrentamientos y riñas callejeras; que los delitos como el robo común se complican con lesiones y daños físicos a los asaltados, incrementándose los costos de aplicación de la justicia y generando mayor inseguridad social.
El medio familiar también es afectado por la posesión de armas de fuego, al incrementarse el número de accidentes y muertes de menores que las utilizan para el juego con funestas consecuencias. Los resultados de las riñas conyugales también pueden ser más graves, llegando a favorecer hechos de sangre por pleitos pasionales entre las parejas.
Es de tomarse en cuenta otros argumentos: la mayor inseguridad social requiere mayor personal de vigilancia, mejor armamento y más equipo policíaco. Una ciudadanía armada tiene respuestas más radicales ante sentimientos de inseguridad, lo que cierra el círculo vicioso, que finalmente representa más gasto de dinero que debe salir de nuestro peculio personal para pagar mayores impuestos.
El contrasentido se manifiesta cuando recordamos que las zonas de las ciudades que presentan mayor inseguridad para sus moradores son las más difíciles de atender y vigilar, las que tienen más cantidad de malvivientes que ante la posibilidad de armarse sin duda que lo harán; esto si es que se llegara a aprobar la descabellada propuesta.
Usted y yo conocemos áreas de la ciudad a las que las distintas policías no se atreven a entrar por el temor de ser agredidos a pedradas, con cuchillos, navajas y algunas ocasiones con rifles y pistolas. Para esos casos, un fácil acceso a ellas podrá traducirse, en esos barrios y colonias sin ley ni orden, en el regreso a los tiempos del viejo oeste, que por cierto tenía considerado como derecho de todos la posesión de armas de fuego para la defensa propia.
La violencia es el argumento de los mal atendidos en sus necesidades humanas y sociales, que viéndose impotentes, reaccionan con desequilibrio emocional supliendo con la fuerza bruta lo que no pueden lograr por otros medios. Ellos, como los pasionales, con armas de fuego en su poder serán protagonistas de tragedias que se pagarán con vidas humanas, daños físicos y en términos de años de prisión.
La promoción de la cultura, la educación del pueblo, la atención a las necesidades básicas como son la salud, el alimento y la vivienda; en general el ataque a la pobreza, son los argumentos válidos que vencerán a la violencia. Sé que es fácil escribirlo y difícil hacerlo, pero también entiendo que el manejo de la demagogia hecho por los malos políticos ha rebasado los límites de la razón y el sentido común, de quienes pretendiendo contabilizar votos a su favor descuidan el bien de la población, a la que tratan de gobernar y que se supone deben atender en sus reales y verdaderas necesidades de mejorar su calidad de vida. ¿Usted qué opina? ydarwich@ual.mx