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MÉXICO DF.- El gobierno de México estudia pedir perdón públicamente e indemnizar a los familiares de centenares de mujeres asesinadas en la violenta Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, en crímenes por los que las autoridades han sido acusadas de negligencia en las investigaciones.
Legisladores estadounidenses, Amnistía Internacional y otras organizaciones han dicho que las investigaciones de la muerte de casi 300 mujeres en Ciudad Juárez en los últimos diez años están plagadas de evidencia fabricada e inconsistente y que algunos sospechosos fueron torturados para forzar una confesión.
A las presiones se agregó el jueves un editorial del diario The Washington Post, que criticó al presidente Vicente Fox por no reconocer la gravedad del problema, un día después de que congresistas estadounidenses pidieran al secretario de Estado Colin Powell incluir el tema en la agenda bilateral con México.
Aunque Fox negó esas acusaciones hace poco, una comisionada especial que nombró en octubre dijo en una entrevista que las autoridades actuaron con negligencia al minimizar el problema, al que coincidió con activistas en llamar “feminicidio”.
“Hay una intención de reparación del daño cuyas fórmulas tendremos que explorar (...). Por lo menos un reconocimiento público del problema, una petición de perdón por parte del Estado”, dijo la comisionada Guadalupe Morfín, quien añadió que la indemnización podría ser una de las formas de compensación.
La mayoría de las asesinadas eran obreras jóvenes y pobres de la industria maquiladora, que importa insumos de Estados Unidos con ventajas impositivas y devuelve productos terminados y desató en las últimas décadas un verdadero fenómeno migratorio desde estados del sur y centro de México hacia la frontera norte.
Muchos de los cuerpos aparecieron en grupos de a dos, cuatro y hasta ocho, con mutilaciones y señales de tortura y violación, a veces semienterrados en zonas desérticas que rodean la ciudad.
“Mi principal reto es contar con la confianza de las familias de las víctimas, que han padecido un trato por parte del Estado mexicano que en ocasiones ha caído en la negligencia y en el desdibujamiento de su problema”, dijo Morfín.
La comisionada fue nombrada tras fuertes presiones internacionales para que el gobierno federal tomara cartas en el asunto y aclarara los crímenes, a lo que se negaba aduciendo falta de competencia en los casos por tratarse de delitos comunes y no de crimen organizado.
“Resolver este complejo problema no será fácil, pero las posibilidades serían mejores si el presidente de México aceptara públicamente el asunto tal como es y lo tratara con la seriedad y urgencia que merece”, dijo el Washington Post.