EL PAÍS
washington, EU.- Un inmenso número de contratos a los que aspiran miles de empresas del mundo, fundamentalmente estadounidenses, se ponen el juego durante lo que algunos consideran la reconstrucción del siglo.
El reparto, que deciden desde Washington el Pentágono y la Agencia Internacional para el Desarrollo, ha estado empañado desde el principio por una nube de favoritismo hacia Halliburton, la corporación que dirigía el vicepresidente del Gobierno de EU, Dick Cheney, antes de llegar al poder, que obtuvo la pasada primavera las obras de infraestructura petrolera para su subsidiaria Kellogg Brown & Root (KBR) sin pasar por una licitación.
Las denuncias de los competidores han forzado al Cuerpo de Ingenieros del Pentágono a reabrir el concurso para que participen otras empresas, pero KBR les lleva varios meses de delantera en las obras. El plazo de presentación de solicitudes acabó el pasado jueves, y las licitaciones se otorgarán a mediados del próximo octubre, para un proyecto cuyas tres primeras fases deben estar finalizadas el 31 de diciembre. Es decir, para cuando los ganadores de la licitación hayan logrado trasladarse e instalarse en Iraq para hacer su trabajo de reconstrucción, les quedarían apenas unos días para poder realizar las reparaciones.
Del contrato de 1,143 millones de dólares, sólo faltaría por hacer la última fase de 176 millones de dólares, cuyas obras deben finalizar el próximo marzo. Por esa última fase compiten, entre otras corporaciones, Parsons, Fluor, y Foster Wheeler.
No obstante, se trata de contratos abiertos, que pueden acabar en sumas muy superiores, al igual que ocurre con el resto de las licitaciones para la reconstrucción de Iraq. Entre las obras de infraestructura general y las de infraestructura petrolera, la cifra total puede ser astronómica.
Varias instituciones no gubernamentales y think tanks (grupos de reflexión) la sitúan entre 300,000 y 600,000 millones de dólares (incluyendo los gastos de seguridad militar).
Pero el Gobierno estadounidense se ha negado a dar un presupuesto al Congreso -con el que mantiene una batalla campal al respecto- por temor a la reacción de la opinión pública en momentos en que el país se enfrenta a un déficit de más de 500,000 millones de dólares.
Michael O’Hanlon, analista de Brookings Institution, cifra la factura “entre 300,000 y 450,000 millones de dólares”, mientras que la Academia de Artes y Ciencias cree que podría ascender a 615,000 millones de dólares a lo largo de la próxima década. Por su parte, la asociación nacional que aboga por el buen uso del dinero de los contribuyentes, Taxpayers for Common Sense, calcula que puede oscilar entre 114,000 y 465,000 millones de dólares.