en medio del citatorio girado por la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, a dieciséis distinguidos priistas que habrán de rendir su declaración en relación al Pemexgate, el senador Enrique Jackson del Partido Revolucionario Institucional, solicita que la investigación se cierre y se deje de utilizar el tema con fines electorales.
Como es del conocimiento, en el caso fueron llamados esta semana a declarar Francisco Labastida, Beatriz Paredes, Dulce María Sauri, Manuel Bartlett, Roque Villanueva y otros dirigentes priistas en tiempos de la pasada elección federal, a quienes de esta suerte se les vincula con el desvío de más de mil millones de pesos de las arcas de Petróleos Mexicanos a la campaña de Labastida y del PRI.
Como el citatorio obedece a una solicitud de la defensa de los dirigentes petroleros a los que se les sigue proceso de desafuero, es evidente que Carlos Romero Deschamps, Luis Ricardo Aldana y Jesús Olvera, orientan su estrategia a evitar que el PRI se deslinde del caso, como lo ha pretendido Roberto Madrazo.
Nada vale que el ex director de la paraestatal Rogelio Montemayor, insista en su inocencia por haber realizado la transferencia de recursos vía el sindicato y con ello, haber cumplido con la normativa aplicable al caso. La sola posibilidad de que el desvío haya ocurrido al amparo de la ley, acusa en el sujeto una moral relativista y en el país, la existencia de una estructura perversa que es necesario y urgente desmantelar.
En otro orden de ideas, la recepción o ingreso de ese dinero a las arcas del PRI de manera formal o informal, implica una violación a la ley electoral en cuanto al origen de los recursos que como tales son públicos y en cuanto a que su monto sobrepasa los límites de gastos de campaña autorizados.
El problema es que el tiempo nos sobrepasa. A dos años del cambio de Gobierno y detección de la irregularidad mencionada, no ha sido suficiente ni siquiera para decretar el desafuero de los diputados y dirigentes petroleros involucrados y por lo tanto, no ha sido posible llevarlos ante la justicia e iniciar el proceso penal correspondiente.
Por otra parte, mientras el Partido Revolucionario Institucional insiste en deslindarse del Pemexgate para evitar que el tratamiento del tema afecte negativamente sus resultados en las próximas elecciones federales, los diputados y dirigentes petroleros que enfrentan el juicio de procedencia, hacen esfuerzos por involucrar a la cúpula priista, para forzar la creación de un frente común de cara al Gobierno y su aparato de procuración de justicia.
Por ello la propuesta de Enrique Jackson es inviable. El obvio contenido político del Pemexgate, que deriva del destino final de recursos procedentes de la paraestatal más poderosa del país hasta llegar a la caja del entonces Partido en el poder, acredita el añejo contubernio entre el Estado y su Partido, meollo y esencia de los vicios del viejo régimen.
Tienen que estar dentro del debate electoral relativo a los próximos comicios federales y sus prolegómenos, tanto el Pemexgate, como el financiamiento de la campaña del actual Presidente al través de Los Amigos de Fox y todo tema que concierna a nuestra vida pública. Lo extraño es que Enrique Jackson, quien fuera el que levantó la acusación pública respecto a la recepción de recursos privados procedentes del extranjero a la campaña foxista, por una suma aproximada de trescientos mil pesos, impugne ahora el tratamiento del Pemexgate y su inevitable politización.
De cara a las próximas elecciones, la discusión sobre los temas de la vida pública mexicana es ineludible y debe tener lugar en el espacio y tiempo que corresponda, de acuerdo al grado de importancia de cada cuál. A la ciudadanía corresponde formar su propio juicio antes de emitir su voto, discernido en el contexto turbio de una transición inconclusa.