Las elecciones en el Estado de México, han generado una propuesta de los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista, que promueve la pena de muerte, como solución a los problemas de seguridad pública. Según esto, la delincuencia se inhibiría ante la expectativa de penas más severas que las que existen, de manera especial a secuestradores y violadores.
La propuesta es inviable desde el punto de vista constitucional, en virtud de que nuestra Carta Magna limita la aplicación de la pena de muerte a casos contados. Como consecuencia cualquiera reforma estatal en sentido diverso sería inconstitucional y por tanto, los implicados obtendrían el amparo de la justicia federal.
Los políticos de los partidos de referencia lo saben; de allí que la propuesta sea calificada de oportunista y en el caso del Partido Verde de incongruente, pues como se ha comentado, resulta increíble que quienes condenan las corridas de toros y la caza de ballenas en aras de la protección de la vida en el planeta, apoyen sin ningún rubor la supresión de la vida de un semejante, por las causas que fueren. Esta actitud revela una falsa práctica ecologista, que disimula su repugnancia hacia lo humano, bajo el pretexto de amor por los animales.
Las críticas se enderezan en especial, en orden a la desconfianza que en nuestro país existe respecto a la administración de justicia, cuyas deficiencias hacen temer la aplicación errónea de una sanción con resultados irreparables. La supresión de la vida de un reo cuya inocencia fuera demostrada con posterioridad, pone la piel de gallina.
La propuesta se explica en un entorno político turbio, en el que partidos y candidatos han agotado sus recursos para penetrar en el electorado por abuso previo. Sin embargo, preocupa que hayamos deteriorado nuestro ambiente social hasta el extremo de sugerir el endurecimiento del marco legal, en lugar de apostar a la eficiencia en la investigación de los casos criminales y en una mayor calidad en la aplicación de la ley en los casos concretos.
La idea priista-verde, insiste en un viejo cuanto equivocado enfoque que puede resumirse en dos palabras: Idolatría de la ley. Algunos piensan que los problemas de la sociedad humana se resuelven en función de las leyes, cuando ésta es sólo una parte de la solución. El ejemplo lo tenemos en nuestro medio en el que leyes van y leyes vienen, sin que la seguridad pública se avizore como un bien posible y cierto. De nada sirve agravar las penas si las mismas no se aplican, por deficiencias en el aparato encargado de ello.
A cada reforma legal, sigue la instrumentación de un mecanismo institucional o informal para burlar la ley nueva, operado por una burocracia judicial y administrativa, proclive a utilizar el sistema de administración de justicia con fines políticos o meramente particulares, para el solaz de malos ciudadanos acostumbrados a buscar el recoveco.
La ley no es nana de nadie. Es un conjunto de normas cuya eficacia en el mundo real, depende de la voluntad cívica de los gobernados para ajustarse a sus mandatos y de la voluntad política de las autoridades para aplicarla en forma igualitaria y eficiente. El creer que los pueblos serán felices, en función de la sola índole y estructura de su sistema jurídico institucional, es una idea mutilada y por tanto incompleta.
El gran reto en el rubro de la seguridad pública y la administración de justicia, sigue siendo la impunidad. El que a los autores del Pemexgate no se les puedan fincar responsabilidades porque actuaron “conforme a la normativa” o el municipio de Torreón no pueda ser auditado porque los papeles contables obran en poder del Congreso de Coahuila, son ejemplos que frustran el anhelo de redención por medio de la justicia.
En un entorno semejante, la delincuencia organizada u ocasional se convierte en una forma de vida para amplios sectores sociales, los cuales erigen en complicidad con funcionarios sin escrúpulos, estructuras perversas paralelas a las del Estado, que resulta difícil de combatir y disolver.
La seguridad pública y la justicia plena no son tarea fácil. Además de la voluntad cívica de gobernados y la voluntad política de autoridades, se requiere la vertebración de Sociedad y Gobierno.