Por María Elena Holguín
Rafael Ibarra
GÓMEZ PALACIO, DGO.- Los documentos mediante los que se acusa de malos manejos al alcalde de Mapimí, Javier Antillón Ramírez, no han sido entregados a la Comisión de Responsabilidades de Servidores Públicos del Congreso del Estado, cuyo encargado, Guillermo Hilario Cantú, consideró que por ahora sería aventurado demandar que se finquen responsabilidades.
El diputado local de extracción panista dijo que este día se reunirá con algunos ediles del municipio de Mapimí para conocer el caso y obtener las pruebas en forma directa; con base en ello, se solicitará abrir una investigación al Órgano de Auditoría Superior y Fiscalización.
Refirió que desde el año pasado se conocen comentarios respecto de la inconformidad de la ciudadanía de aquella población, por el hecho de que la maquinaria utilizada en el desarrollo de obra pública, principalmente en Bermejillo, es propiedad del alcalde Javier Antillón, aunque arrendada a través de uno de sus compadres.
Hasta ahora, consideró, han surgido los documentos que podrían probar los malos manejos en la administración municipal, pero sólo se tienen indicios de que se presentó una denuncia penal y la queja ante la Contraloría del Estado, de la cual no se ha hecho llegar todavía ninguna información a la comisión de diputados locales.
Respecto de la acusación por robo de información que pesa en contra del regidor que dio a conocer el hecho, Gerardo Magallanes Álvarez, del Partido Duranguense, el panista Hilario Cantú consideró que no existe comisión de ningún delito, puesto que toda la documentación que se dio a conocer corresponde al manejo de recursos públicos.
“Incluso, los propios funcionarios de la administración reconocieron haber proporcionado la documentación que solicitó Magallanes Álvarez y el hecho de que él haya obtenido copias de esos papeles no implica ninguna responsabilidad de tipo penal”.
De hecho, dijo el panista, los regidores tienen la obligación y la responsabilidad de vigilar el manejo de los recursos que pertenecen al pueblo que los eligió y de solicitar toda la información de la obra pública que se está desarrollando en su respectivo municipio.
De la misma forma, los legisladores de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, han insistido para que se den a conocer las cuentas públicas de los 39 municipios y del gobierno estatal correspondientes a 2002, que hasta ahora no les han sido entregadas en sus respectivas copias a cada una de las fracciones representadas en el Congreso del Estado por parte de la Gran Comisión, la cual es encabezada por Octaviano Rendón.
Esta información sería de vital importancia para analizar el manejo de los distintos rubros de ingresos y egresos en el Municipio de Mapimí y en general de todo el Estado, en el que el año pasado se tenía un presupuesto por ejercer cercano a los nueve mil millones de pesos.
No quiere informar
Mientras el titular de la Entidad Superior de Fiscalización, Daniel Rueda, dice no saber ni quiere informar nada sobre lo que aparentemente está sucediendo con el alcalde de Mapimí, Javier Antillón Ramírez, el diputado local, miembro de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, Rubén Velasco Murguía, asegura que de comprobarse los malos manejos del Edil que se dieron a conocer en El Siglo de Torreón, éste deberá dejar la Presidencia Municipal para ser enjuiciado políticamente.
Todo lo que se presentó ayer en el trabajo periodístico de El Siglo de Torreón, son elementos suficientes para que el Alcalde deje su puesto y responda de ello a la ciudadanía y al Congreso del Estado. Con la misma vara que se midió a la alcaldesa de Tlahualilo, Francisca Niño, debe ser medido Javier Antillón, advirtió el legislador.
Ayer se publicaron en este medio informativo acusaciones en contra del Edil de Mapimí, que realizó el regidor Gerardo Magallanes Álvarez, donde supuestamente hay malos manejos y desvíos de la autoridad, auto facturación, contratación de empresas fantasmas para obras públicas, entre otras.
El titular de la Entidad Superior de Fiscalización, simplemente dijo que no podía proporcionar información porque no la sabía, además que por Ley estaba impedido para hacerlo.
Ante esto, el diputado Rubén Velasco presentó nuevamente la teoría y petición que sus compañeros de bancada, legisladores panistas, han realizado de manera insistente, el que tengan pleno acceso a las cuentas públicas con tiempo para analizarlas, sin que las retenga la Entidad Superior de Fiscalización. “El caso de Mapimí confirma nuestra postura, que debemos tener las cuentas públicas de inmediato para analizarlas y hacer las observaciones oportunas, además de no permitir estos actos de corrupción y abuso, como al parecer se está dando en aquel municipio”, declaró.
Al leer todos los hechos que supuestamente se están presentando en el gobierno de Mapimí, el legislador aseguró que se iniciará por su parte, una investigación y se trasladará al municipio para ver la veracidad de lo expuesto por el regidor. Exhortó al regidor Magallanes Álvarez a que se presentara con él para que le diera todos los documentos y se comprobara el acto de corrupción cometido, que es un elemento suficiente para destituir al Edil y a su vez enjuiciarlo políticamente.
Desde el punto de vista del diputado y por la información que se presentó en el reportaje de ayer, hay todos los elementos para que se proceda contra Antillón Ramírez.
Desestiman acusaciones
El diputado local por el Partido Revolucionario Institucional, Francisco Garza Espino, desestimó las acusaciones por presuntos malos manejos en contra del presidente municipal de Mapimí, Javier Antillón Ramírez, al considerar que los informes financieros mensuales reflejan que la disposición de recursos ha sido apegada a la Ley.
“Por el contrario, en el municipio se percibe un mayor desarrollo de obra pública; se ha conservado la planta productiva y hay gran cantidad de granjas para la producción de huevo y carne de pollo, además de otras actividades como la metal no mecánica y la agricultura”, dijo, todo ello pese a los recortes presupuestales que se presentaron durante 2002.
Respecto de la situación del regidor del Partido Duranguense, Gerardo Magallanes Álvarez, Garza Espino consideró como un delito el sustraer información pública, de manera que el haber obtenido dicha información merece una sanción.
Además, dijo, si Magallanes Álvarez cuenta con las pruebas suficientes para demostrar que el Alcalde tiene responsabilidad en el mal manejo de recursos públicos, debe presentarlas ante las instancias correspondientes.
“Habría que revisar qué tan real es esa información y si es cierto que ya se le hizo llegar a la Contraloría del Estado como el regidor lo menciona, aunque dudo de las acusaciones porque hay una conformidad hacia el desarrollo del municipio”, expresó el legislador.