Está comenzando el último mes del último receso de la LVIII legislatura. Incluida la de hoy, quedan a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión cuatro sesiones en cuya agenda se desahogarán sobre todo debates de carácter político, no obstante que ese órgano debe tomar decisiones sobre asuntos relevantes.
La discusión política no carece de relieve, especialmente cuando conduce a tomas de posición del Poder Legislativo. Hoy mismo, para no ir más lejos, se adoptará un acuerdo sobre el rescate bancario, materia siempre viva en el debate parlamentario, porque implica la disposición de cuantiosos recursos públicos, que mucho bien harían destinados a otros propósitos.
La semana pasada, legisladores panistas partidarios de disminuir el costo fiscal del apoyo a los bancos, suscitado por la crisis de insolvencia de 1995, buscaron que la Permanente se manifestara en favor de una pronta solución a los diferendos que demoran el canje de los pagarés Fobaproa por los del IPAB y que han provocado una indefinición riesgosa para la economía mexicana en su conjunto, según ya lo advierten las calificadoras de riesgo.
La Auditoría Superior de la Federación encontró indicios de créditos irregulares en cuatro bancos, cuyo monto juzga que debe ser reducido del importe de los pagarés de que se benefician esas instituciones bancarias. Para precisar los términos del asunto solicitó al Instituto de Protección al Ahorro Bancario la realización de ejercicios de revisión a cuya práctica se han negado los bancos, aduciendo que ya fueron auditados por la Cámara de Diputados, que para ese efecto contrató al experto canadiense Michael Mackey.
La Auditoría Superior, órgano técnico de la Cámara, sin embargo estima necesarias nuevas revisiones, pues precisamente la información disponible del ejercicio del auditor canadiense le permitió detectar las irregularidades que propone remediar.
La Cámara ni siquiera ha podido tener consigo los papeles de trabajo de Mackey, porque los despachos mexicanos que maquilaron la auditoría se niegan a proporcionarlos, debido a sus compromisos con los bancos, no obstante que el solicitante es el cliente para el cual trabajaron.
A los amparos promovidos por los bancos se sumó una controversia constitucional con la que la Presidencia de la República, que la inició, busca reforzar la posición bancaria, aduciendo que la ASF carece de competencia para esa función.
Si se considera que la tarea que define a ese órgano es precisamente indagar el gasto público federal, puede anticiparse que la controversia sea resuelta contra el propósito del Ejecutivo. Esa derrota jurídica se agregaría a la de carácter político que ha padecido ya, frente a la oposición y aun frente a su partido, al tomar esa posición, sin completarla diciendo que la ASF interfiere en áreas de su propia actividad y que la supervisión requerida por la Auditoría la hará el propio gobierno.
El acuerdo a que se llegue hoy en la Permanente buscará ponerse por encima del litigio. La semana pasada, Diego Fernández de Cevallos objetó la propuesta de sus compañeros considerando que interfería con la actividad de los tribunales que tienen a su cargo resolver las cuestiones legales. Como algunos de sus correligionarios insistieran, intervino el comité nacional panista y sumados todos los puntos de vista se aprobó un criterio que probablemente será el central del acuerdo de hoy. Es un llamado a la negociación, lo que implica solicitar a los bancos desistirse de sus juicios de amparo, aceptar las supervisiones y aceptar una disminución de sus derechos, aunque no en la medida requerida por la ASF, todo lo cual sin perjuicio de que jueces y ministros cumplan su función si los bancos resolvieran aguardar tal resolución.
También se refiere al manejo del dinero público la principal resolución que debe tomar la Permanente, a la que la Constitución confiere la facultad de ratificar, entre otros, los nombramientos de “empleados superiores de Hacienda”. Está vacante la subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, por la renuncia del doctor Agustín Carstens que ahora despacha en Washington como subdirector-gerente del Fondo Monetario.
Ha sido nombrado ya el actuario Alonso García Tamés, que era director general de Crédito, en donde lo reemplazará Andrés Conesa Labastida, en cuyo anterior cargo (director general de Planeación Hacendaria) será sustituido por Alejandro Werner Wainfield.
Estos movimientos ratifican la consolidación de un grupo que dinásticamente, con evidentes identidades familiares y académicas, maneja desde décadas atrás las finanzas públicas mexicanas, independientemente del partido que gobierne. El eje de ese núcleo es Miguel Mancera, director general del Banco de México. Con él están de diversos modos relacionados el ya ausente Carstens, su sucesor García Tamés y el director de banca y ahorro, Luis Mancera Arrigunaga, primo también del director que fuera de Fobaproa, Javier Arrigunaga.
Alejandro Werner Wainfield, hasta ahora coordinador general de asesores del secretario, es hermano de Martín Werner, quien fue subsecretario de Hacienda y pasó después al sector privado, a una empresa calificadora en cuya tarea le es extremadamente útil la información de que dispuso en tanto que funcionario. Semejante será el caso de Raúl Martínez Ostos, sobrino a su vez del gobernador del banco central Guillermo Martínez, que desde hace quince días es director del Deutsch Bank en la ciudad de México, después de haber sido vocero de Hacienda.