30 de diciembre de 2003.
México, (EFE).- En México persiste la violación de los derechos de los indígenas y las mujeres y la represión política, entre otras irregularidades que muestran el largo trecho que debe recorrer el gobierno para garantizar las libertades públicas.
El Informe Anual de Violaciones a los Derechos Humanos 2003 del Centro Miguel Agustín Pro Juárez destaca que no hay avances en la conformación de un "estado multicultural" en el que se haga realidad el "reconocimiento de los derechos de los pueblos indios".
El estudio, difundido por Internet, cobra más actualidad debido a que el 1 de enero se cumple el décimo aniversario del alzamiento en armas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en defensa de la causa indígena en Chiapas, uno de los estados más pobres del país.
El centro de derechos humanos, muy activo en este campo, reconoce que el gobierno del presidente Vicente Fox ha llevado a cabo "acciones positivas" y, así, destaca "la posibilidad de llevar ante la justicia a los responsables de desapariciones en el pasado".
"Sin embargo, la distancia real entre estos trabajos emprendidos (...) y la vida cotidiana de la sociedad mexicana en cuanto al ejercicio de sus derechos, además de ser todavía muy grande, en algunos ámbitos es diametralmente opuesta", sostiene.
Indica que la "impunidad prevalece" en las desapariciones y crímenes de mujeres en Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, donde en los últimos diez años han sido asesinadas cerca de 300, la mayoría jóvenes y humildes.
El estudio denuncia además "la situación de empobrecimiento, desempleo e inequidad en la distribución de la riqueza" en el país. Sostiene que el estado "violenta" el derecho "a la salud y a la no discriminación", además de atentar contra derechos laborales y a un medioambiente sano.
Sobre la problemática indígena afirma que se "han cerrado todos los canales institucionales para la solución del conflicto" con los zapatistas y que el gobierno sigue intentando legitimar una ley indígena "ampliamente rechazada por estos pueblos".
Mientras que el discurso oficial asegura que se cumplió con las peticiones del EZLN para continuar el diálogo, "lo único que se puede constatar es que la relación estado-pueblos indios se encuentra completamente fragmentada", indica. Estos últimos han optado por impulsar sus autonomías de facto y de esta forma ejercer los derechos que el Estado les niega.
Se observa "una casi total impunidad" de los grupos paramilitares, mientras que ha tenido lugar "un hostigamiento permanente del ejército contra las comunidades zapatistas" y "una campaña de desinformación sobre lo ocurrido en Chiapas".
Las violaciones contra los indígenas abarcan el despojo de sus tierras, la militarización de las regiones que habitan, los desplazamientos forzosos, las carencias en salud y educación y la discriminación contra las mujeres, señala el informe al hacerse eco de la opinión de un experto de la ONU enviado a México.
El informe da cuenta de otras deficiencias, al hacer referencia los datos "duros" sobre desempleo y las carencias en materia de salud, que atentan contra el derecho a tener una vida digna.
Alerta sobre "el riesgo que sigue representando para los trabajadores la posibilidad de organizarse de manera independiente". "El despido consumado o la amenaza de hacerlo", continúa siendo una práctica, añade.
Destaca asimismo la "negligencia médica, el desabastecimiento de medicamentos, las pésimas condiciones de salubridad en hospitales o la carencia de infraestructura para atender las enfermedades".
Además existe en varios estados discriminación por motivos raciales y religiosos, y subraya que los "tres años de alternancia no han generado modificaciones sustantivas en las políticas" respecto a las del anterior régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que se mantuvo siete décadas en el poder.