SUN-AEE
MÉXICO, DF.-El procurador general de Justicia del Distrito Federal, Bernardo Bátiz, indicó que en las reuniones matutinas del Gabinete de Seguridad se analiza la posibilidad de despenalizar el uso de drogas al menudeo.
Bátiz se pronunció a favor de regularizar en forma paulatina el uso de droga en las cárceles y que las autoridades médicas sean las responsables de proporcionarla bajo control para cerrar una fuente de tráfico muy grande.
Entrevistado tras la reunión del gabinete de seguridad, consideró que a partir de ese ensayo de experiencias “se podría ir reduciendo el problema de las drogas, y es negocio, porque son muy caras, porque está prohibida y existen viciosos”.
Bátiz afirmó que ello —la despenalización— permitiría abatir uno de los delitos más graves y cruentos que aquejan a la sociedad.
Como ejemplo, expuso el control de la distribución de drogas por parte de las autoridades a los internos de los reclusorios del Distrito Federal, para que por prescripción médica tengan acceso a los estupefacientes.
Comentó que si se otorga la droga que se requiere, como si fuera un tratamiento, se reduciría el tráfico y el mercado tendría que ir bajando y malbaratándose.
Comentó que es necesario realizar una reforma a la constitución para combatir el narcomenudeo, producción y tráfico a gran escala, sin embargo aún se trabaja en esta medida, toda vez que se deben estudiar otros factores.
Al ser cuestionado, sobre el incremento de las drogas en Iztapalapa, destacó que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), está en la mejor disposición de apoyar a la Procuraduría General de la República (PGR), para combatir este problema.
Recordó que existe el proyecto para que las procuradurías de justicia estatales, y del Distrito Federal tengan competencia en narcomenudeo.
Afirmó que la Procuraduría capitalina está lista para realizar investigaciones sobre narcomenudeo, aunque recalcó que tendrían que hacerse reformas a la Constitución, así como a los Códigos Penales y la Ley de Salud, para que las administraciones locales puedan investigar dicho delito.
Para ello, precisó, se requeriría un incremento en el presupuesto y personal especializado, toda vez que se trata del combate al narco y representa un riesgo.