19 junio 2003
Madrid, (Notimex).- La acusación popular en el juicio contra el presunto represor argentino Ricardo Miguel Cavallo, que será extraditado en breve a España, pidió a México que extreme las medidas de seguridad hasta su entrega a autoridades españolas.
"Queremos transmitirle nuestra preocupación por la seguridad del procesado, motivo por el que le rogamos al embajador que transmita a las autoridades mexicanas competentes nuestro pedido", señaló la acusación en una carta entregada este jueves en la embajada mexicana.
En la misiva los abogados de la acusación demandan "que se extremen, como hasta ahora, todas las medidas de seguridad hasta su entrega a las autoridades españolas"
El canciller mexicano, Luis Ernesto Derbez, firmó la víspera el acuerdo de extradición por medio del cual Cavallo será enviado a España por los delitos de genocidio y terrorismo.
La representación que entregó este jueves la carta fue recibida en la Embajada de México en España por el cónsul Carlos López y el consejero político, Raúl Ayala, pues el embajador, Gabriel Jiménez Remus, estaba de viaje fuera de esta capital.
El abogado de la acusación particular, Carlos Slepoy, expresó ante los medios que "estamos preocupados" por la suerte que corra Cavallo. Dijo que "muy posiblemente" Cavallo será condenado a la máxima pena de cárcel, que en España es de 30 años, "en su desesperación" podría "suicidarse", "fugarse" o "ser eliminado", pues "hay gente a la que no le interesa que declare" ante el juez Baltasar Garzón.
Slepoy citó en ese supuesto a militares argentinos implicados en la represión en su país durante la dictadura (1976-1983), amparados bajo la Ley de Punto Final y Obediencia Debida, y a personas que están detrás de "tramas económicas" que involucrarían a Cavallo.
Señaló que este pedido se hace teniendo en cuenta "la importancia" de esta extradición, un primer paso que consolida la aplicación del principio de justicia universal, según el cual los delitos de lesa humanidad podrían ser perseguidos en cualquier país.
El abogado recordó que el lunes pasado pidieron a Garzón que libre órdenes de captura con fines de extradición contra unos 170 militares argentinos, presuntos represores durante la dictadura en el país sudamericano.
La decisión ahora está en manos del juez español, que podría decidir en la próxima semana, y remitir estas órdenes a la justicia argentina, que podría impulsar el estancado proceso judicial contra estos militares.
Además solicitaron al juez de la Audiencia Nacional el embargo cautelar de los bienes de Cavallo, con los cuales afrontaría las indemnizaciones a las víctimas, en caso de ser declarado culpable.
La misiva entregada, firmada por varios letrados personados en la causa, por la Asociación Argentina Pro Derechos Humanos en España y por varios sindicatos, será remitida por esta legación diplomática al gobierno mexicano.
En previsión de su "inminente" llegada a España, la acusación particular solicitó al juez Garzón que envíe a Cavallo a la prisión madrileña de máxima seguridad de Alcalá-Meco, a unos 30 kilómetros de esta capital.
En esa cárcel también está recluido, y procesado por Garzón, otro marino argentino y presunto represor, Adolfo Scilingo. Slepoy expresó al cónsul mexicano su agradecimiento por la actuación diligente del gobierno mexicano que al conceder la extradición de Cavallo sentó un "referente obligado y un hito en la persecución de los responsables de crímenes contra la humanidad".
Indicó que una vez llegue a España, Cavallo prestará declaración ante el juez Garzón, quien le notificará el auto de procesamiento y con otras pruebas pertinentes concluirá, en varios días, el sumario y se abrirá el juicio oral, lo que podría ser a principios del 2004.
Tras entregar la misiva, los abogados se mostraron "satisfechos" por haber cumplido su objetivo y Slepoy subrayó que ahora sólo "falta el golpe definitivo a la impunidad, estamos en un momento preciso y precioso para lograrlo".
Acompañaron a Slepoy, el presidente de la Asociación Libre de Abogados, Antonio Segura, y el representante internacional del sindicato español Unión General de Trabajadores (UGT), Josefa Etxebarría.