16 de diciembre de 2003
LA HAYA, (AP).- Estados Unidos pidió el martes a la Corte Internacional de Justicia que no interfiera con su sistema penal, y que desestime una demanda presentada por México en torno a varios de sus ciudadanos que han sido condenados a muerte.
El tribunal internacional examina una demanda en la cual se denunció que 52 ciudadanos mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos no recibieron un proceso justo, pues no se les informó de su derecho a solicitar ayuda legal del consulado mexicano.
México pidió el lunes al tribunal que ordene que los casos de esos 52 procesados retornen al momento inicial, cuando fueron arrestados.
Pero el representante de Estados Unidos William Taft dijo que el pedido era "inaudito" y que el tribunal internacional "no es una corte penal de apelaciones".
Ya el tribunal "ha recorrido una distancia considerable" en un dictamen previo contra Estados Unidos, dijo Taft. "Estados Unidos exhorta (al tribunal) a que no vaya más lejos". El tribunal es el organismo de la ONU encargado de resolver disputas legales entre países.
El núcleo de la reclamación de México es la Convención de Viena de 1963. El tratado, firmado por ambos países, dice que personas que viajan a otro país o que viven en el extranjero tienen derecho a ponerse en contacto con sus consulados cuando se los acusa de crímenes graves.
México señaló el lunes ante la corte que debido a que la ayuda de los consulados "puede, en procedimientos de condena a la pena capital, hacer la diferencia entre vida y muerte" para los hombres, la única forma justa de reparar el error era comenzar nuevamente el proceso a partir de cero.
Pero Taft argumentó el martes que en un caso similar en el 2001, el tribunal había dictaminado que el remedio "debe ser dejado en manos de los Estados Unidos".
Indicó que de lo contrario, la policía y los fiscales de Estados Unidos en cada jurisdicción "quedarían maniatados" mientras coordinaban sus investigaciones con consulados extranjeros.
En el caso del 2001, el tribunal determinó que Estados Unidos no había informado a un ciudadano alemán de su derecho a tener asistencia consular.
Pero Walter LaGrand ya había sido ejecutado en Arizona, en desafío a un mandato judicial del tribunal internacional.