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WASHINGTON, EU.- Los esfuerzos del gobierno mexicano por mejorar la situación de derechos humanos encontraron un “éxito limitado” en muchas áreas, afirmó el Reporte del Departamento de Estado sobre Derechos Humanos en 2002, que hizo notar la persistencia de tortura, corrupción y abusos policiacos.
Destacó también el impacto del narcotráfico en el país, tanto en casos de corrupción de funcionarios como en lo que se refiere a violencia en general, especialmente en los estados del norte del país y la ciudad de México.
“En general, el gobierno respetó muchos de los derechos humanos de sus ciudadanos”, indicó el documento, que consignó sin embargo que “serios problemas permanecen en varias áreas” y especialmente en estados como los de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, donde la situación es motivo de preocupación especial.
El documento reflejó señalamientos sobre amenazas de narcotraficantes contra periodistas, violaciones a derechos laborales, violencia y discriminación contra mujeres, indígenas, enfermos de SIDA, homosexuales, minorías religiosas así como explotación sexual de niños y tráfico de personas y explotación de trabajo infantil.
De acuerdo con el reporte, “funcionarios policiacos federales, estatales y un militar fueron acusados de cometer muertes ilegales” y hubo reportes de asesinatos de “vigilantes”. El texto mencionó también reportes sobre desapariciones, sobre torturas policiacas para obtener información y la aceptación de esas confesiones por parte del sistema judicial, así como casos de tortura de detenidos que resultaron en muertes.
“La impunidad continuó como un problema en las fuerzas de seguridad, aunque el gobierno continuó impartiendo sanciones contra funcionarios públicos, policías y miembros de las Fuerzas Armadas”.
Mencionó la corrupción policiaca y su presunto involucramiento en delitos relacionados con el narcotráfico, así como arrestos arbitrarios, ineficiencia judicial, detenciones prolongadas y falta de acceso al sistema de justicia, especialmente en el caso de los indígenas.
“Hubo reportes de esterilizaciones forzadas en comunidades marginadas, especialmente áreas indígenas”, denunció el documento, que por otra parte hizo notar también que en Chiapas hay reportes sobre violaciones a derechos humanos cometidos por grupos civiles armados “y algunos observadores alegaron que el gobierno usó fuerza excesiva durante incidentes de conflicto con posibles simpatizantes de grupos rebeldes en Chiapas y Guerrero”.
El reporte indicó que hubo un aumento de confrontaciones entre civiles armados y simpatizantes del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en tanto que prosiguieron ataques guerrilleros contra gobierno y personal gubernamental, aunque en menor número que en años anteriores.