SALTILLO, Coah.- Todavía se asignan privilegios a los reclusos en los penales de Coahuila; además se cometen abusos de autoridad por parte de custodios y directivos, y aun existe el hacinamiento en los centros penitenciarios. En otro panorama, la Procuraduría de Justicia es el líder de las recomendaciones recibidas por violación a los derechos humanos, con el 45 por ciento del total de las llamadas de atención del organismo “ombudsman” de los coahuilenses.
Lo anterior se desprende del segundo informe de actividades que ayer rindió al Congreso la titular de la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila (CDHC), Miriam Cárdenas Cantú, el cual comprende de septiembre de 2002 hasta el presente mes.
VIOLACIONES EN LOS CERESOS
Entre otras anomalías que detectó la CDHC en los Ceresos estatales, se encuentran: Falta de programación de actividades diarias de los internos; y existe presencia injustificada de reos en todas las áreas de los centros carcelarios y de familias que habitan con ellos.
Además: No se aplican los criterios legales en todos los centros para la imposición de sanciones; hay poca agilidad en el otorgamiento de beneficios; falta difundir los reglamentos entre custodios e internos; no se respetan horas y días de visitas establecidas, y predominan las actividades recreativas sobre las productivas.
Asimismo: No se respetan los derechos humanos de personas portadoras del SIDA o del VIH; faltan espacios adecuados para las visitas conyugales; no se realizan estudios criminológicos a los internos y en general no hay suficiente atención integral, en aspectos social, médico, sicológico y siquiátrico.
Cárdenas Cantú, hizo una serie de recomendaciones para mejorar las condiciones de los reclusos, a corto, mediano y largo plazo.
En el primer caso, entre algunas medidas, consideró necesario evitar la asignación de privilegios a determinados grupos de reclusos; establecer mecanismos que reduzcan los abusos de autoridad por parte de reclusos y directivos; e impedir la presencia injustificada de los reos en áreas no permitidas.
En el segundo caso, la CDHC estableció como prioritario resolver el problema de sobrepoblación penitenciaria y erradicar el hacinamiento de los reclusos; separar a los reos del orden federal de los del fuero común.
También a mediano plazo, la presidenta de la citada comisión, dijo que se necesita crear un Centro Estatal de Capacitación Penitenciaria, para darles una especialidad en esta materia a abogados, criminólogos, trabajadores sociales, médicos, enfermeras, sicólogos y siquiatras, involucrados con el internamiento, defensa, atención y rehabilitación de los internos de los penales.
En el largo plazo, agregó, se necesita homologar una política de rehabilitación y readaptación social de los internos de todos los Ceresos y de las residencias juveniles.
Además de establecer toda una política para el respeto a los derechos humanos de los reos de los penales; conforme a la Constitución, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a todos aquellos pactos internacionales de la materia que haya firmado México.
“PEDIREMOS LA APLICACIÓN DE LA
LEY DE RESPONSABILIDADES”: CC
En su informe, Cárdenas Cantú, dijo que en cuanto a las autoridades responsables de las quejas presentadas en su contra por la ciudadanía, el 67.56 por ciento corresponde a autoridades estatales; el 17.53 por ciento a municipales; el 13.21 por ciento a las federales, y el restante 1.70 por ciento a otras autoridades, sin especificar.
En cuanto a los responsables de las quejas en el plano estatal, el 44.39 por ciento corresponde a la Procuraduría; el 42.69 a la Secretaría de Seguridad Pública, y el 12.98 por ciento a otras instancias, sin precisar cuáles.
“De ser necesario, dijo casi al término de su informe, pediremos la aplicación de la Ley de Responsabilidades para los servidores públicos, o sus superiores, cuando estemos ante una violación real de derechos humanos”.
DISTRIBUCIÓN DE LAS RECOMENDACIONES
PROCURADURÍA DE JUSTICIA 45 %
AUTORIDADES MUNICIPALES 33 %
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 17 %
PROCURADURÍA DE LA FAMILIA 5 %