05 de diciembre de 2003
MEXICO, D.F., (SUN-AEE).- El Senado aprobó un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo a que, a través de la Procuraduría General de la República (PGR), solicite a la Suprema Corte atraer el caso de los créditos irregulares que fueron absorbidos por el Fobaproa, hoy IPAB.
También les solicitó enviar a la brevedad posible la propuesta de nombramiento de los dos vocales de la junta de gobierno del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), que la Cámara Alta debe ratificar.
De acuerdo con el artículo quinto transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, dicho instituto tendría facultades para auditar a los bancos para ubicar los créditos ilegales que fueran absorbidos por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).
Esta medida permitiría al IPAB deslindarse del pago de dichos créditos, es decir, se destinarían menos recursos en el Presupuesto de Egresos para pagar la deuda de los bancos.
No obstante, Bancomer, Banamex, Bital y Banorte obtuvieron un amparo que impide al IPAB realizar las auditorías.
Por ello, los senadores Alfredo Reyes y Fauzi Hamdan del PAN y Dulce María Sauri, del PRI, pidieron a la Cámara Alta exhortar al Ejecutivo federal a que, a través de la PGR, pidiera a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), atraer el caso y resolverlo.
"La Comisión de Justicia coincide con el planteamiento formulado (pedir que la Suprema Corte atraiga el caso)... porque el denominado rescate bancario implica un asunto de suma cuantía para el país... (pues) el Estado asumirá como deuda pública dicho rescate y por ello lo deberán pagar todos los mexicanos", indica el dictamen que fue votado por unanimidad en la Cámara Alta.
Cabe recordar que el artículo 107 de la Constitución faculta a la Procuraduría para hacer dicha petición.
Durante la 58 Legislatura, la Cámara de Diputados había hecho una petición similar, que fue rechazada porque -a diferencia de esta ocasión-, los legisladores hicieron la solicitud directamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no tomaron en cuenta a la PGR.
La junta del gobierno del IPAB registra dos vacantes, luego de que los vocales Bernardo González Aréchiga Ramírez y Adalberto Palma Gómez renunciaran a sus cargos en mayo y noviembre, respectivamente.
Hasta el momento, el Ejecutivo no ha hecho llegar al Senado sus propuestas para sustituir a ambos funcionarios.
"La Comisión de Hacienda manifiesta su preocupación por la actuación que pudiera darse en el interior del IPAB, en el sentido de que las decisiones que se tomen en la junta de gobierno -integrada por siete vocales- no correspondan con el espíritu de las disposiciones legales y considera que es impostergable para el sano funcionamiento de dicho instituto que a la brevedad posible se cubran las vacantes...", puntualiza el dictamen que fue votado por unanimidad por los senadores.
Por ello, a propuesta del senador perredista Jesús Ortega, el Senado exhortó al Ejecutivo a enviar "a la brevedad posible" los nombres de sus candidatos a ocupar las vocalías vacantes.