México, DF.- El gobierno de la República, a través de sus tres poderes, debe sentar las bases para que a través de acciones concretas se beneficie a los gobernados, "buscando traducir en hechos, lo que puede quedar exclusivamente en buenas, pero utópicas intenciones", afirmó el magistrado Mariano Azuela Guitrón.
Al firmar un convenio de colaboración, con el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) y el Instituto Nacional de Derechos de Autor (INDAUTOR), el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dijo que este acuerdo es un ejemplo de lo que puede lograrse cuando no existen actitudes prepotentes ni egoístas.
Además, agregó, se demuestra que con acciones concretas, es posible llevar a los gobernados los beneficios que están diseñados en las normas jurídicas.
En ese sentido, señaló que este acto constituye una muestra palpable de que los poderes de la unión, respetando plenamente su autonomía, suman esfuerzos a favor del bien común, evitando enfrentamientos y divisiones que a nadie favorecen.
El convenio fue signado por el titular del IFDP, César Esquinca Muñoa, en tanto que por INDAUTOR lo hizo su director general, Adolfo Eduardo Montoya Jarkin, mientras que como testigos de calidad lo hicieron Mariano Azuela Guitrón y el Secretario de Educación Pública, Reyes Tamez Guerra.
Por su parte, el titular de la SEP, aseguró que el convenio referido es una muestra del trabajo conjunto, serio y responsable de las instituciones a favor de la sociedad.
Dicho convenio establece que el IFDP difundirá entre sus usuarios los servicios gratuitos que ofrece el INDAUTOR, y rendirá un informe semestral por escrito relativo al estado que guarden los asuntos que le sean encomendados y participará en tareas de capacitación y actualización del personal del INDAUTOR.
Por su parte, el Instituto Nacional de Derechos de Autor, se comprometió a difundir los servicios de defensa y asesoría que ofrece el IFDP entre sus usuarios, además de que le remitirá los casos que de acuerdo con la competencia legal de éste, sean de naturaleza penal, administrativa, fiscal o civil en el ámbito federal.