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México, D.F.- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) solicitó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) diferir, para después de la elección federal del seis de julio, la sentencia que emita en razón del recurso de apelación que interpusieron en contra de la sanción millonaria que impuso el Instituto Federal Electoral (IFE) por el caso “Pemexgate”.
“Se solicita a esta honorable Sala Superior del TEPJF...acuerde el diferimiento de la resolución en el expediente que se forme con motivo de este recurso de apelación, a fin de salvaguardar el principio de igualdad en la contienda”, se explicó en el documento entregado el martes pasado al IFE y que ayer fue turnado al TEPJF.
Pero también el PRI planteó a los magistrados del TEPJF “acordar de conformidad con lo solicitado, procediéndose a la revocación de la resolución y la sanción impuesta a mi representado, previa sustanciación de este medio de impugnación”.
Rafael Ortiz Ruiz, representante suplente del PRI ante el IFE, fue el encargado de elaborar, junto al área jurídica de ese partido el recurso de apelación, en el que se impugna el procedimiento de la investigación denominada Pemexgate, las presunciones sobre el ingreso de 500 millones de pesos a ese partido y la multa excesiva fijada por no registrar esos recursos.
El recurso de apelación está redactado en 329 hojas y en la parte de “Agravios” se plantean las violaciones de procedimiento cometidas en perjuicio del PRI, donde se lee: “(La Comisión de Fiscalización del IFE) Arriba a falsa conclusión de que el PRI es responsable de hechos que nunca fueron probados, ni aún en el carácter indiciario (página 13)”.
“Fin del debate”
La dirigencia nacional del PRI dio por cerrada “la etapa de debate público” sobre el llamado Pemexgate y eximió a los líderes petroleros de toda responsabilidad, anunciaron el coordinador de asuntos jurídicos del CEN del PRI, Miguel Angel Yunes, y el vice coordinador de asuntos electorales, Rafael Ortiz Ruiz.
Señalaron que con la presentación de recurso de queja ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) concluyen la discusión pública del tema “en muestra de respeto” hacia ese organismo “para contribuir así a que sus decisiones se tomen un escenario político adecuado”.
La dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) aseguró que dichos recursos “no entraron al partido” y que se hicieron cargo del problema el cuatro de marzo del 2002, cuando ya traía “un desarrollo público de más de un año”.
Por tanto, la instrucción que recibieron en la Coordinación de Asuntos Jurídicos fue la de siempre actuar con honestidad en la defensa de la organización y que, “con responsabilidad institucional, no personal, aceptáramos y asumiéramos las consecuencias en caso de que el partido efectivamente hubiera violentado la legislación electoral al recibir estos recursos, pero igualmente, con la misma responsabilidad, defender a nuestra organización en caso de que esto no hubiere sucedido”.