SALTILLO, Coah.- La fracción parlamentaria del PRD en el Congreso del Estado propuso reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo, a fin de eliminar la Gran Comisión, que desde su creación siempre ha estado en manos del PRI, y que en su lugar funcione una mesa directiva que cada año rotaría entre los diferentes partidos. La propuesta será sometida a discusión, junto con las demás que surjan, de los demás diputados.
Además, en concreto, el PRD demandó al pleno del legislativo la reforma de aproximadamente 30 artículos de la citada ley que regula la vida interna del Poder Legislativo.
Según el espíritu de la iniciativa perredista, presentada por sus legisladoras Mary Thelma Guajardo y Beatriz Granillo, se busca que exista una verdadera democracia al interior del Congreso, dado que en los últimos años los partidos de oposición al PRI han ido ganando espacios políticos y de poder.
“Hoy el país y Coahuila viven condiciones diferentes que demandan un cambio estructural en el funcionamiento del Poder Legislativo de Coahuila”, expresaron las legisladoras en un documento que presentaron ante el pleno el viernes pasado.
Hicieron ver que en el Congreso de la Unión la Gran Comisión desapareció junto con la hegemonía prisita, “pero que desafortunadamente sigue vigente en nuestra legislatura”.
LA GRAN COMISION CONCENTRA TODO EL PODER
De acuerdo con la argumentación de la diputadas, la Gran Comisión es contraria a la filosofía y esencia de una asamblea representativa del pueblo, “donde el presidente de ese órgano decide desde la contratación del personal hasta el ejercicio del presupuesto”.
Expusieron que en una sola persona (el presidente de la Gran Comisión), se concentran innumerables facultades administrativas, como el manejo del presupuesto del Poder Legislativo, sin rendirle cuentas a nadie.
Consideraron que debido a esta concentración de poder en una sola persona y en un solo partido, “cada tres años se propicia la anarquía en el Congreso en el ámbito administrativo, porque es cambiada la mayor parte de la planta de personal técnico, administrativo, legal y de asesoría; con lo que se pierde la continuidad del trabajo legislativo, y no hay promoción ni permanencia del valioso personal, que durante tres años adquirió experiencia, pero que es despedido por el cambio de presidente”.
UNA MESA DIRECTIVA CADA AÑO
El PRD propuso que la dirección de los trabajos legislativos sea atribución de una Mesa Directiva, elegida para el periodo de un año; que todo el control del presupuesto y la administración de los recursos, materiales y humanos, sea facultad de un comité de administración.
Este comité administrativo, tendría entre sus facultades conocer cada quince días el gasto que realiza el tesorero del Congreso, y además rendiría informes trimestrales del manejo del presupuesto del Poder Legislativo.
MODIFICACIONES AL INFORME DEL GOBERNADOR
Asimismo, las perredistas consideraron necesario modificar los ritos y protocolos del acto de rendición del informe de gobierno del gobernador del estado en turno, “para que en verdad sea un acto republicano, sin que este acto se convierta en un enjuiciamiento legislativo”.
Entre las modificaciones demandadas al informe, destacó la petición de que el documento del informe sea entregado a los legisladores 24 horas antes del respectivo acto solemne, a fin de que puedan analizarlo con tiempo; ya que actualmente el citado informe se entrega el mismo día y en la misma ceremonia de rendición de cuentas.
Las diputadas advirtieron que por ningún motivo votarán a favor de cambiar la sede del informe, sin cumplirse con las formalidades establecidas en la ley, “para que no se convierta en un acto populista y de lucimiento personal”.
PROPONEN SESIONES TODO EL AÑO
Otra de las reformas propuestas por las legisladoras, es que el pleno del Congreso sesione durante todo el año, cuando menos dos veces al mes, en lugar de los dos periodos trimestrales en que se reúnen todos los diputados.
Esto, en virtud de que actualmente el pleno sesiona una vez a la semana durante dos periodos de dos meses, que corresponden al segundo y al último trimestre del año; o sea: abril, mayo y junio; y luego octubre, noviembre y diciembre.
Los restantes meses, enero, febrero y marzo del primer trimestre; y julio, agosto y septiembre, del segundo tercer trimestre, sesiona sólo la Comisión Permanente, compuesta por siete diputados.
Además, pidieron que se establezca un calendario de sesiones ordinarias, “que sea acordado y publicado anualmente para conocimiento de los ciudadanos y los demás poderes del estado”.
ULTIMÁTUM PARA CONOCER NOMINA DEL CONGRESO
Por otro lado, en conferencia de prensa las diputadas perredistas demandaron conocer la nómina del Congreso para hacerla del dominio público, ya que consideraron que hay un manejo arbitrario en los despidos y contrataciones del personal; y en el pago de sueldos y otorgamiento de prestaciones.
Recordaron que desde el 21 de febrero solicitaron al tesorero del Congreso, José Ignacio Flores Guerrero, la nómina del Poder Judicial, pero, según lo informaron, el funcionario les respondió que no podía acceder a tal petición, porque esta información “es del exclusivo conocimiento y competencia del presidente de la Gran Comisión”.
Advirtieron que le dan un ultimátum al tesorero Flores Guerrero, para que cuando menos en los próximos tres meses arregle “su desorden administrativo y nos de a conocer la nómina”.
Indicaron que si el tesorero se niega a proporcionar la información requerida es porque esconde algunas irregularidades, o sueldos tan elevados que se pagan a algunos funcionarios privilegiados del Congreso, “como el que se asignó él mismo que es igual o mayor que el de un diputado”.
NECESARIA LA LEY DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA
Por último ambas legisladoras, en la citada conferencia de prensa, consideraron que la negativa del tesorero del Congreso, es un ejemplo más de que es necesario de que en Coahuila se apruebe la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a fin de terminar con el manejo discrecional y arbitrario de los recursos públicos.
Consideraron como incongruente que en el Congreso no exista ni acceso a la información pública ni transparencia en el manejo de los recursos; cuando la legislatura será la encargada de aprobar una ley para estos casos; por lo que el Congreso esta obligado a poner el ejemplo.
“El buen juez, por su casa empieza”, expresó Granillo Vázquez.