SALTILLO, Coah.- “Ante el grave problema del narcotráfico que se registra en la frontera de Coahuila, que ha logrado corromper los mandos de la Policía Ministerial”, -según denunció el Partido del Trabajo-, el Congreso del Estado acordó llamar a cuentas al procurador Oscar Calderón Sánchez, para que se presente ante los legisladores a explicar los hechos en que se vieron involucrados algunos de sus subalternos, los que presentaron su renuncia.
El diputado del PT, Ramón Díaz Avila, fue quien hizo los señalamientos anteriores y pidió en nombre su partido la comparecencia del titular de la PGJE, debido a que no ha quedado claro los motivos de la renuncia o cese de dos elementos de la Ministerial, adscritos a la zona norte, con base en Piedras Negras.
A finales de agosto pasado, la Procuraduría informó en un escueto boletín de prensa, que habían renunciado a sus cargos “por motivos personales”, el supervisor de la PGJE, Sergio Alberto Chavarría, y el comandante de la zona norte, Raúl Antuna Segura. Días más tarde, se supo que la PGR los investigaba porque según denuncias anónimas, estarían involucrados con el narcotráfico, lo que no se ha comprobado oficialmente.
“Según versiones de los habitantes de la región fronteriza, para nadie fue sorpresa el hecho de que se diera a conocer que los elementos de la Policía Ministerial les brindaran protección a los narcotraficantes, y que estuvieran involucrados en estas actividades ilícitas”, expuso Díaz Avila ante el Congreso.
Asimismo, el legislador pidió una exhaustiva investigación al interior de la Procuraduría estatal, especialmente a los elementos de la Policía Ministerial, por que las renuncias o ceses de los citados ex funcionarios, no pueden ser hechos aislados.
Asentó, que es necesario advertir que el “narcomenudeo” se ha incrementado de manera alarmante en Coahuila, por lo que además de cuerpos policíacos honestos y eficientes, se requiere de una mayor coordinación entre las instancias federales, municipales y estatales, encargadas de la seguridad pública