Además la Cámara de la Propiedad Urbana solicitará una auditoría técnica en las obras de reparación de 24 colectores actualmente colapsados
Torreón, Coah.- La Cámara de la Propiedad Urbana de Torreón solicitará la intervención de la Secretaría de la Contraloría en el Estado, en relación con las supuestas irregularidades cometidas en la asignación de las obras de reparación de colectores por parte del Simas y en forma directa, a familiares en primer grado.
Rubén González Hernández, presidente del organismo empresarial y avalado por varios de los consejeros de este organismo, declaró que en forma paralela se hará la petición para que se realice una auditoría técnica en las obras de reparación de los 24 colectores actualmente colapsados debido a las recientes lluvias y a otros más que “ curiosamente son reparados y a los tres o cuatro meses se vuelven a caer y la misma empresa los vuelve a reparar mediante nuevos pagos’’.
Como son obras “ enterradas’’, es difícil que alguien les siga la pista y mucho menos es posible que alguna empresa o laboratorio realice alguna inspección técnica que avale el tipo de material que se utiliza, en tubos para drenaje o agua potable, igualmente respecto al tipo de material que se emplea, tipo de compactación’’.
Para Rubén González, resulta extraño que se arreglen los colectores y a la vuelta de tres semanas haya nuevas caídas, o se den hundimientos por deficiencias en la compactación.
El hecho de que se acuda a la instancia estatal, dijo, es porque la Contraloría Municipal a cargo de Natalia Virgil Orona, quien funge además en calidad de Comisario en el Consejo de Administración del Simas, no ha intervenido al respecto, desde el punto de vista legal, ni para aclarar las imputaciones que se hicieron a la empresa Jimsa por la asignación directa de las obras de reparación de los colectores, cuando esta firma es propiedad del titular de Desarrollo Urbano, Eduardo Jiménez Saracho.
Tampoco ha explicado, porqué a la empresa de Darío Jiménez Berumen, Jibe, quien es miembro del Consejo de Administración del Simas, se le asigna obra de reparación de colectores y se le permite seguir siendo juez y parte en la toma de decisiones dentro del órgano.
Es cierto que había urgencia, contingencia en la reparación de los colectores caídos, pero “ esto no los exime del cumplimiento de la Ley”.
Hasta ahora se desconoce por qué se asignaron en forma directa las obras de reparación de los colectores más grandes a las empresas Jimsa y a Jibe, cuyos dueños son familiares directos del gerente del Simas Fernando Alatorre Dressel.
El propósito es que esta semana se envíe la solicitud de que intervenga la Secodam en el Estado para que con base en la Ley de Responsabilidades para Funcionarios Públicos, se investigue y se diriman las responsabilidades a fin de que se haga respetar el Estado de Derecho, pues no debe haber impunidad y mucho menos tratándose de recursos públicos.
Rubén González Hernández manifestó que al respecto, hoy se pedirá el apoyo del sector empresarial que se reunirá en una de sus sesiones quincenales del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada.
Esto no es asunto político, ni se trata de situaciones partidistas, “es sólo una cuestión legal que debe aclararse, precisamente con la Ley en la mano’’, según González Hernández .
Violación
El gerente del Simas Fernando Alatorre Dresel violó la Ley Estatal de Responsabilidades de Funcionarios Públicos de Coahuila en su artículo 52, fracción XIII y XVII, al haber asignado las obras de reparación de dos colectores colapsados a la constructora de su cuñado Eduardo Jiménez Saracho, titular de Desarrollo Urbano y quien también incurrió en esta irregularidad al haber aceptado siendo funcionario público. Afirmó el abogado Luis Alberto Durán Dévora.
Esta fracción dice: “Que se prohibe a los funcionarios públicos aprovecharse del puesto para lograr un beneficio personal, familiar, o para parientes consanguíneos hasta el cuarto grado”, en este caso entra la hipótesis del cuñado de Fernando Alatorre que es Eduardo Jiménez Saracho, a quien se le asignó reparar dos de los colectores más grandes que se cayeron y representan una inversión de alrededor de cuatro millones de pesos.
El abogado dijo de manera tajante que la urgencia en la reparación de las redes sanitarias, exime al Simas de hacer una licitación pública por el tiempo que esto implica, pero no del cumplimiento cabal de la Ley que es muy clara al respecto. Señaló además una cuestión de ética en todo eso.
“Se trata de dos funcionarios públicos, uno que otorga el contrato otro que lo recibe y aún si José Jiménez Saracho como contratista, representa en el padrón del Simas a JIMSA, forma parte de esta triangulación y tiene consaguineidad de primer grado con su hermano el titular de Desarrollo Urbano”.
Para el profesionista del derecho, tanto el gerente del Simas Fernando Alatorre Dresel como su cuñado, Eduardo Jiménez Saracho, son funcionarios municipales y les atañe responsabilidad compartida en la violación a la Ley de Responsabilidades de Funcionarios Municipales pues uno otorgó y el otro aplica también porque dice la ley que “ todo servidor público debe abstenerse de intervenir, o, participar indebidamente en la asignación, selección, nombramiento, contratación, promoción, suspensión, cese o sanción de cualquier servidor público.
Las sanciones por esto, dice la misma ley que implica, destitución del cargo, inhabilitación como funcionario público hasta por cinco años y pena de seis meses a tres años, además de una multa.