GÓMEZ PALACIO, DGO.- Que se investigue a fondo y se sancione la irregular actuación del ministerio público de Tlahualilo, Manuel Vázquez Acosta, es la demanda de los padres de un menor de 11 años, que fue atropellado por un vehículo y sufrió la amputación de la pierna izquierda.
La inconformidad por el desempeño del servidor público se basa en la extraña aplicación de la Ley, donde se vio beneficiado el responsable del accidente, Gilberto Valles Reyes, vecino del ejido La Campana, quien en ningún momento estuvo en la cárcel y fue exento del certificado médico para conocer su estado de ebriedad.
La denuncia pública la interpusieron Félix Alejandro Nava Rivera y María Miriam Romo Zavaleta, quienes están desesperados y afligidos por la impunidad que existe en Tlahualilo y el contubernio con las autoridades de la Subprocuraduría de Justicia que se ha negado a atenderlos.
El matrimonio demanda justicia y la reparación completa del daño sufrido por su hijo Antonio Abad Nava Romo de 11 años, quien el pasado 15 de diciembre, a las 20:00 horas, fue atropellado y prensado por una camioneta conducida por Gilberto Valles a la entrada de Tlahualilo, durante una peregrinación.
Fractura expuesta de fémur izquierdo de tercer grado, es la grave lesión que sufrió el menor que de urgencia fue trasladado al Sanatorio Español, donde finalmente se tuvo que amputar el miembro.
“Extrañamente” el ministerio público Manuel, Vázquez Acosta, acudió hasta el Sanatorio para “dar fe de la lesión”, que a su criterio no era grave. Además, el representante social argumentó que los padres del menor no denunciaron los hechos y por eso dejó libre al responsable.
Los padres del menor dicen que en un principio, el responsable del accidente sí pagó los gastos médicos, pero al registrarse una complicación en el niño, se desistió de atender su compromiso firmado ante el Ministerio Público.