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MÉXICO, D.F.- Por medio de la Jurisprudencia J03/2003, dictada el diez de abril por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Federal Electoral (IFE) pierde ya sus atribuciones para restituir los derechos de los ciudadanos de los militantes de partidos políticos.
En cumplimiento, el IFE remitirá la próxima semana al TEPJF 23 casos que investigaba sobre presuntos actos irregulares cometidos por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de Agrupaciones Políticas Nacionales (APN), en contra de sus afiliados.
Dieciocho de los expedientes corresponden a quejas de perredistas en contra de decisiones de su dirigencia nacional; tres de panistas ante actos de partido; uno de priiistas; y uno más en contra de la Agrupación Política Nacional (APN) “Ciudadanos Unidos por los Derechos Humanos”.
El diez de abril, en sesión pública, la Sala Superior del TEPJF determinó que sólo las instancias jurisdiccionales, como lo son los Tribunales Electorales, pueden proceder a la restitución de los derechos ciudadanos de los militantes, atribución que hasta ese día también poseían las autoridades administrativas electorales, como el IFE.
La Jurisprudencia describe que los magistrados hicieron una interpretación gramatical, sistemática y funcional de los artículos 17; 41, fracción IV; y 99 de la Constitución, en relación con los artículos 12, apartado I, inciso b); 79 y 80 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, por la cual se llega a la siguiente conclusión: “El juicio para la protección de los derechos político- electorales del ciudadano sí resulta jurídicamente procedente contra actos o resoluciones definitivas de los partidos políticos que sean susceptibles de vulnerar irreparablemente los derechos de sus militantes o de otros ciudadanos vinculados directamente con ellos, cuando no existan los medios específicos para conseguir la restitución oportuna y directa de esos derechos.
, a través de la impugnación de algún acto o resolución concretos de una autoridad electoral”.