SANTIAGO DE CHILE.- El plan del presidente Ricardo Lagos para dar reparo a las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile sacó aplausos entre los políticos, incluyendo a la derecha opositora, pero causó hondo desencanto entre los familiares de las víctimas.
Y es que en su afán de levantar una propuesta equilibrada, Lagos acogió opiniones de todos los sectores sociales y políticos, incluyendo de los que colaboraron con la dictadura y que, por primera vez, admitieron la existencia de delitos que causaron más de 3,000 muertes y desapariciones.
Tras meses de cavilaciones, Lagos informó su plan en la noche del martes, sentando un precedente inédito hasta ahora en Chile: el reconocimiento de la "obediencia forzada" de soldados y policías de bajo rango que participaron en crímenes cumpliendo órdenes durante la dictadura (1973-1990), junto con una oferta de rebaja de penas para quienes aporten información a la justicia.
Además de las rebajas penales, que pueden llegar incluso a la completa inmunidad para quienes den datos fundamentalmente sobre el paradero de más de un millar de desaparecidos, Lagos propuso mejorar las indemnizaciones que reciben hace doce años los familiares de las víctimas.
Pero no se pronunció sobre la vigencia de una ley de amnistía dictada por Pinochet en 1978 que permite, a voluntad de los jueces, eximir penalmente a quienes hayan cometido delitos antes de esa fecha, lo que organismos de derechos humanos repudian.
Como contrapartida, tampoco se refirió a la figura jurídica del "secuestro permanente", que varios tribunales han admitido en casos de desaparecidos cuyos cuerpos no han sido hallados y que ha permitido el procesamiento de centenares de ex uniformados.
"Sentimos que en la propuesta se cambia un poco de verdad por impunidad", comentó dolida Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.
"Con el golpe de Estado se instaló la violación a los derechos humanos a través de aparatos represivos del estado. Aquí no hay responsabilidades compartidas, somos los familiares de las víctimas y ellos los criminales", agregó.