En buena hora ha sido bien entendido el mensaje del zapatismo, que al inaugurar su régimen autonómico el fin de semana pasado, inició no sólo una nueva manera de gobierno de los pueblos y comunidades en su zona de influencia sino también abrió una puerta y una ventana para la comunicación con el exterior e instaló interlocutores civiles con la explícita misión de establecer contactos externos.
No se trata sólo de regular el paso y la ayuda de la sociedad civil, sino que las Juntas de Buen Gobierno tienen la encomienda de resolver los conflictos que surjan con los municipios gubernamentales.
Por eso se explica el beneplácito de las autoridades locales y federales. Ha sido inteligente y sana la reacción del secretario de Gobernación Santiago Creel, que en vez de mostrar el ceño fruncido y blandir amenazante el dedo por la presunta ilegalidad en que se colocan los pueblos zapatistas, advirtió la constitucionalidad de sus decisiones.
No coinciden respecto del fundamento de la nueva organización zapatista, es cierto: los municipios autónomos anunciaron que basan su status en los acuerdos de San Andrés, cuyo cumplimiento unilateral han proclamado, ante el incumplimiento que atribuyen a la contraparte.
Y el secretario Creel invoca el texto que resultó de la traducción legislativa de esos acuerdos, traducción que inconformó al zapatismo. En el fondo, sin embargo, hay acuerdo en que los pueblos y las comunidades chiapanecas tienen pleno derecho a adoptar la organización que les convenga, según sus propias disposiciones.
Así lo garantiza la Constitución. En tal sentido corre, además, el derecho moderno: hay una desestatización de muchas funciones públicas. El arbitraje, privilegiado sobre todo por las grandes corporaciones, es una forma legítima de la justicia privada, ya que descansa en el consenso de los involucrados.
¿Por qué si tienen valor en el derecho nacional mexicano las resoluciones que adopta la corte de arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio de París no han de tenerla, para sus efectos internos, los acuerdos que tomen las comunidades zapatistas?
No ha habido, es cierto, una comprensión generalizada del significado de la nueva situación en el sureste mexicano. La pereza y la perplejidad producen reacciones simplonas. A todos nos ha ocurrido escuchar, en el cine o en el teatro, risas de espectadores que así se defienden contra el impacto de una escena golpeadora, desgarrante.
Igual ocurre con lo que hace el zapatismo. Se confunde, por ejemplo, el continente con el contenido. Se dice que los Caracoles (y se hace con ellos el pueril chiste alusivo) son la nueva forma de gobierno. Es como si se creyera que el palacio municipal es el ayuntamiento.
Las Juntas de Buen Gobierno son la nueva instancia de autoridad zapatista y tendrán sede en los cinco Caracoles erigidos donde estuvieron los Aguascalientes, nombres convencionales unos y otros para señalar reunideros, sitios de encuentro, puntos de partida y de llegada.
El subcomandante Marcos (al que se le reprocha su ausencia como se le hubiera criticado su presencia, acusándolo de protagonismo, de usurpador de las voces indígenas) explicó las razones de la nueva denominación: "Dicen aquí que los más antiguos dicen que otros más anteriores dijeron que los más primeros de estas tierras tenían aprecio por la figura del caracol. Dicen que dicen que decían que el caracol representa el entrarse al corazón, que así le decían los más primeros al conocimiento. Y dicen que dicen que decían que el caracol también representa el salir del corazón para andar el mundo, que así llamaron los primeros a la vida. Y no sólo: dicen que dicen que decían que con el caracol se llamaba al colectivo para que la palabra fuera de una a otro y naciera el acuerdo. Y también dicen que dicen que decían que el caracol era ayuda para que el oído escuchara incluso la palabra lejana".
Por eso la denominación: los Caracoles son puentes, ventanas, bocinas, instrumentos de encuentro y diálogo. El gobierno estatal, quizá por su cercanía con la cultura y el conflicto, seguramente porque surgió de la crítica al anterior comportamiento, ha visto con optimismo la nueva configuración de la autoridad zapatista. Tal vez reaccionó así, además, para no recrear un conflicto cuando enfrenta otros de gravedad creciente. Uno de ellos es la movilización en torno de la escuela normal rural de Mactumactzá. Surgió allí un conflicto no obstante, o paradójicamente a causa de, una pertinente decisión gubernamental.
No hay ya, como antaño, otorgamiento automático de plazas magisteriales a quienes egresan de las escuelas normales. Cada vez se requieren menos maestros de enseñanza elemental, por la capacidad instalada, por el decrecimiento demográfico y por la política social neoliberal que asigna menores recursos a la educación.
El hecho es que no todos los muchachos formados en Mactumactzá serán maestros, por lo cual las plazas disponibles se entregarán conforme al criterio más objetivo posible: un examen de selección, que los egresados no están dispuestos a aceptar. Para forzar la imposible satisfacción de sus peticiones se apoderaron de vehículos de pasajeros y de carga.
La policía entró por ellos a las instalaciones escolares y detuvieron a decenas de estudiantes. Muchos de ellos están arraigados, fórmula equívoca en sí misma y de que se abusa. La protesta por esa virtual prisión, prisión ilegal, está en ascenso. No es fácil la solución. Pero la cárcel no lo es.