Hace una semana se difundieron por el noticiario principal de Televisa copias de cheques de caja comprados hace once años con dinero de la Partida Secreta del Presidente Salinas, y destinados al contador Arturo González de Aragón. Se refieren a cantidades millonarias, expresadas en pesos y equivalentes a 1.8 millones de dólares. Las copias difundidas proceden seguramente de una oficina gubernamental, sea la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que tiene autoridad para requerir documentación a las instituciones de crédito, o la Procuraduría General de la República, que conoció el lote de documentos de que éstos forman parte al investigar del delito de peculado por el que se procesó a Raúl Salinas de Gortari.
La revelación tiene valor por sí misma, ya que conduce a preguntar por la naturaleza del trabajo profesional que habría realizado el despacho de contadores encabezado por González de Aragón para ser remunerado con tal munificencia. Y también a reflexionar si la índole del trabajo así pagado explica que los honorarios salieran no del presupuesto ordinario, sino de la Partida Secreta presidencial, un fondo sobre cuyo ejercicio no tenía que informar el Presidente, práctica que implicaba un cuantiosísimo obsequio al Ejecutivo.
Pero sin carecer de importancia tal vertiente de la información, surgida sin motivo inmediato ni aparente, lo que es relevante es la circunstancia política en que fue dada a conocer, no como una denuncia penal, pues no se ha formalizado como tal, sino como un flashazo informativo. González de Aragón es hoy el jefe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el órgano técnico de la Cámara de Diputados (anteriormente llamado Contaduría Mayor de Hacienda) encargado de examinar el gasto público y determinar su apego a la legalidad.
Se escogió para hacer ese escandaloso viaje al pasado un momento especialmente delicado para González de Aragón. Su situación fiscal personal y la del despacho que encabezó durante largos años están siendo revisadas por el fisco, quién sabe si azarosamente como deben ocurrir las visitas del Servicio de Administración Tributaria.
Y está en trámite una controversia constitucional iniciada por la Presidencia de la República para impedir la realización de ciertas atribuciones de la ASF, relacionadas con el rescate bancario. Aunque ya no vivimos el México autoritario en que era en extremo peligrosa la ojeriza presidencial, no carece de relieve el que la oficina encabezada por González de Aragón esté enfrentada con el Ejecutivo, en un asunto que debe dirimir la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por si todo eso fuera poco, en la propia Corte está por resolverse (hoy mismo, quizá, o mañana, antes de que empiece el receso judicial) un singularísimo juicio en cuyo desenlace la Cámara de Diputados tendría que reponer el procedimiento por el cual fue nombrado González de Aragón. Ello implicaría en que al menos por un breve lapso cesara en sus funciones, mientras el pleno en San Lázaro cumpliera la sentencia y lo designara de nuevo, aunque también podría ocurrir que no lo hiciera.
El anterior jefe de la ASF, Gregorio Guerrero Pozas, se inconformó con su destitución, francamente ilegal a mi juicio, pues tenía derecho a ser ratificado o a que se explicara su remoción. El amparo que demandó fue llevado a la Suprema Corte en la instancia de revisión. Ese tribunal ha sostenido criterios que podrían ser aplicados a este caso. En situaciones similares, se ha determinado que ciertos funcionarios “no podrán ser removidos de su cargo por la sola conclusión del período para el que fueron nombrados, sin un dictamen valorativo que funde y motive la causa para no ratificarlos”. Igualmente la Corte ha declarado que, dadas ciertas condiciones, “la ratificación no es una mera alternativa o posibilidad, sino un derecho adquirido, a menos que existan motivos graves que lo impidan”.
Así pues, una relevante tarea, la revisión de la cuenta pública en lo concerniente al rescate bancario y el nombramiento mismo del jefe de la Auditoría están ahora en manos del tribunal constitucional. Ante la inminencia de sus decisiones, ha ocurrido la súbita e inopinada aparición de pagos realizados con modos y causas que pugnan con la transparencia hacia la que se encamina la República. No es aventurado suponer, por lo tanto, que la maniobra se dirige a entorpecer o enturbiar las esperadas decisiones judiciales. No hay que olvidar que es el Ejecutivo federal mismo quien inició la controversia sobre el rescate bancario y que de oficinas dependientes de la Presidencia pudieron brotar las revelaciones sobre el pasado profesional de González de Aragón, que perteneció al segundo círculo de la familia feliz, de cuyo núcleo formaron parte Salinas y Ramón Aguirre. Éste, derrotado el seis de julio en su pretensión de ser diputado por su tierra natal, se hizo acompañar en la mayor parte de su trayecto administrativo por el ahora jefe de la Auditoría.
Este órgano técnico de la Cámara, independientemente de todo lo demás, revisó el Programa de Capitalización y Compra de Cartera en cuyo desenlace el Instituto de Protección al Ahorro Bancario canjearía los pagarés a cargo del extinto Fobaproa por obligaciones a cargo del IPAB.
La ASF ha demandado que, antes de ese canje, se reduzca el monto de tales obligaciones para no sacramentar abusivas e irregulares operaciones. A eso se oponen en Los Pinos. Quizá a eso se deba también aquel viaje al pasado de González de Aragón.