En el curso de las próximas cinco semanas el Senado de la República deberá aprobar la designación de gobernador de Banco de México que haga el Presidente de la República. El último día de este año termina el período de seis para el que fue designado Guillermo Ortiz.
Y aunque hace ya varios meses el Ejecutivo federal confió al director-gerente del Fondo Monetario Internacional su decisión de refrendar el nombramiento del actual gobernador, no lo ha hecho todavía. Y si lo hace encontrará oposición en un sector de su propio partido, lo que pondría a Fox en la fea posición de sacar adelante el nombramiento con los votos del PRI, al fin y al cabo que Ortiz es miembro de ese partido desde 1965.
El Banco de México es autónomo hace una década, por reforma constitucional de agosto de 1993 y funciona conforme a su ley orgánica, emitida en diciembre de ese mismo año.
Durante casi 70 años, a partir de su fundación en 1925 fue encabezado por un director. En su nueva estructura, lo rige una junta de gobierno integrada por un gobernador y cuatro subgobernadores. Miguel Mancera, quien ocupaba la dirección del Banco Central a la hora de las reformas, fue nombrado en marzo de 1994 primer gobernador, para el período que concluiría el último día de 1997. Con objeto de que no haya simultaneidad en los sexenios presidenciales y los que corresponden al gobernador del Banco de México, éste debe comenzar su tramo al comienzo del cuarto año del término presidencial.
Para Zedillo y su secretario de Hacienda fue una feliz circunstancia el que concluyera el período de Mancera precisamente cuando era más necesaria la salida de Ortiz del ministerio de Finanzas. Con la elección en 1997 de una Cámara de Diputados ya no controlada por el PRI, el gobierno quedaba en precaria posición a causa de la desaprensión (por decir lo menos) con que obró durante el rescate bancario, en los dos años anteriores. Sin consultar al poder legislativo, Zedillo y Ortiz convirtieron en deuda pública la que deudores insolventes no podían cubrir a los bancos y generaron una situación tan gravosa para el erario, es decir los contribuyentes, que sólo el año próximo tendrán que destinarse 41 mil millones de pesos de un exiguo presupuesto a pagar la incalificable (o impublicable) decisión del presidente y su secretario.
Para quitarlo del centro del embate, Zedillo trasladó a Ortiz de Hacienda al Banco de México. Ahora el gobernador aspira a ser reelegido.
Lo estorba en su propósito la buena memoria de un grupo de senadores panistas, que fueron diputados en la LVII legislatura, coordinados por Carlos Medina Plascencia. Esa bancada blanquiazul quedó marcada con un estigma de colaboración con el PRI para blanquear el dinero público privatizado en beneficio de la banca fallida. El grupo panista, con la coartada de la responsabilidad que antes que buscar culpables busca soluciones, elaboró la ley del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, al que endosó las confusas y equívocas y aun ilegales actividades del Fobaproa.
Zedillo y el PRI no podrán agradecer suficientemente al PAN el servicio que les prestó entonces. Para no figurar como simples comparsas que hicieron el trabajo sucio al gobierno, los diputados panistas formularon algunas exigencias, que Zedillo simuló aceptar y no cumplió. Una de ellas consistió en impedir que ocuparan asientos en la junta de gobierno del IPAB quienes hubieran tenido participación en el rescate bancario.
Era un retrato hablado, cuyos rasgos correspondían a Eduardo Fernández, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al gobernador del Banco de México. Se aseguró a los panistas que ambos renunciarían a sus cargos para que sus sucesores completaran la plana directora del IPAB.
Pero si en efecto se formuló esa promesa, Zedillo no la cumplió. Fernández concluyó con él sus funciones al finalizar noviembre del 2000. Y Ortiz no sólo sigue donde no debía estar sino que aspira a seguir. Debido a aquella maniobra, el lugar del gobernador del Banco de México en el órgano directivo del IPAB no ha sido ocupado nunca, porque Ortiz no puede legalmente ocuparlo. Y a nadie parece importarle semejante infracción al espíritu de la ley del IPAB (que por lo demás queda zarandeado cotidianamente por los embates del secretario de Hacienda).
Aceptemos con ingenuidad que Zedillo no pudo remover a Ortiz porque de lo contrario infringiría la autonomía del banco central, matriz en que Zedillo mismo se formó. Pero sin lesión para tal atributo del Banco de México ahora es posible prescindir de su presencia, pues su gestión en torno a la banca privada, si bien no ha podido ser sancionada, no debería merecer consagración. Como subsecretario de Hacienda bajo Pedro Aspe y en la presidencia de Salinas, Ortiz se ocupó de la desincorporación bancaria. A la postre resultó una operación desastrosa porque no se garantizó la solvencia moral de los adquirentes, muchos de los cuales andando los años tuvieron que enfrentar procesos penales.
Como secretario de Hacienda, Ortiz entró a saco en el tesoro público para apuntalar a los bancos, constituyendo una onerosa y perdurable carga que sobrellevamos: de verdad que cada mes, cuando pago mis impuestos, me subleva recordar que una porción nada despreciable de mis contribuciones sirve para cumplir los compromisos que el PRI y el PAN hicieron con los bancos. Ofrézcase a los ex diputados panistas, senadores hoy la ocasión de una mínima reivindicación. No se les engañe de nuevo.