En rigor estricto, el Senado dispone de sólo esta semana para designar a las dos personas que ocuparán las sillas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación vacantes desde el próximo domingo.
Es verdad que la Constitución otorga hasta 30 días a los senadores para escoger a las nuevas ministras, a partir del día en que recibieron las propuestas del Ejecutivo. Pero si agotaran ese término, las designadas sólo tomarían posesión el año próximo, después del receso judicial de invierno, que comienza el 15 de diciembre.
Y es que la Presidencia envió demasiado tarde las ternas para que el Senado efectúe los nombramientos. No será el caso, pero esa Cámara podría rechazar las propuestas y desde Los Pinos tendrían que remitirse nuevas candidaturas, lo que podría dejar vacantes los cargos cuyos titulares concluyen su período hasta mucho tiempo después de su salida, prevista para el 30 de noviembre.
Cuando el 26 de enero de 1995 el Senado eligió a los once ministros del máximo tribunal, conforme a la reforma constitucional que rehizo el Poder Judicial, se estableció el calendario conforme al cual concluirían su período cada uno de los ministros.
Los primeros en salir son Juventino Castro y Castro y José Vicente Aguinaco Alemán. Los seguirán, dentro de tres años, Juan Díaz Romero y Humberto Román Palacios; en 2009, Mariano Azuela y Genaro David Góngora; en 2012, Guillermo Ortiz Mayagoitia y Sergio Salvador Aguirre Anguiano; y en 2015, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga María Sánchez Cordero.
Excepcionalmente, por ser parte de la primera generación, los últimos cinco ministros desempeñarán su cargo por un lapso mayor de quince años, que es el período normal, el que cubrirán quienes ocupen las dos primeras vacantes.
A través de la Secretaría de Gobernación el Ejecutivo envió las dos ternas al Senado el miércoles pasado, en vísperas del día festivo que se convirtió en un largo fin de semana. Integrar un grupo de seis candidatos permitió trazar un amplio cuadro de disponibilidades, anchura que será menor para los senadores, pues deben escoger sólo dos de esa media docena de personas. Aunque en Xicoténcatl se ejercerá un criterio propio, parece obvio que la Presidencia quiso inducir la elección de una mujer, pues hay cuatro candidatas y sólo dos candidatos. Sería erróneo y aun escandaloso, que los dos varones fueran elegidos.
Las cuatro candidatas corresponden a dos espacios judiciales, el federal y el local. Dos son magistradas de circuito y las restantes son magistradas también, aunque en ámbitos jurisdiccionales distintos.
Para sustituir al ministro Aguinaco Alemán están propuestas la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Aguascalientes, María Teresa Martínez y la presidenta del Tribunal de lo contencioso administrativo de Guanajuato, Teresita de Jesús Rendón. Ambas nacieron o se formaron profesionalmente en esa entidad (gobernada como Aguascalientes por el PAN).
Las candidatas federales son, en orden alfabético de sus apellidos, Elvia Rosa Díaz de León D Hers y Margarita Beatriz Luna Ramos. La primera nació el 20 de abril de 1944 y se graduó en la Universidad Nacional con una tesis titulada Estudio dogmático del delito de adulterio. Todavía era alumna de la facultad cuando ingresó en la judicatura federal como oficial judicial en 1967 y luego se desempeñó como secretaria auxiliar, proyectista y secretaria de estudio y cuenta en tribunales de circuito (y una sala del tribunal superior de justicia del Distrito Federal) y de la primera sala de la Corte. Es magistrada en tribunales penales desde 1984. Enseña en la Universidad Nacional y en la Panamericana.
La magistrada Luna Ramos fue elegida hace un año miembro del Consejo de la Judicatura Federal. Nació en San Cristóbal de las Casas el 4 de enero de 1956. Se graduó en la UNAM con una tesis sobre reformas y adiciones a la ley de amparo. Hizo completa la carrera judicial, a partir de 1975, desde oficial en la Corte, actuaria y secretaria en un juzgado administrativo, secretaria de estudio y cuenta en tribunales y la sala administrativa de la Suprema y jueza de distrito en materia laboral. En 1993 llegó a la magistratura, en un tribunal colegiado en la misma materia.
Los dos candidatos varones son José Ramón Cosío y José Luis de la Peza. Este último se formó en la Escuela Libre de Derecho de la cual fue rector y es el decano de la justicia electoral en México, pues ha formado parte de las tres etapas del tribunal correspondiente, en dos de las cuales ejerció la presidencia respectiva. Todavía hoy es magistrado de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Salvo que el Senado opinara lo contrario, Cosío culminará el esfuerzo al que ostensiblemente se ha consagrado de tiempo atrás, que consiste precisamente en ser miembro del tribunal constitucional. Abogado por la Universidad de Colima y doctor en derecho por la Complutense de Madrid, trabajó ya en la Corte de que probablemente será ministro, como asesor de Jorge Carpizo y de Ulises Schmill, de quien fue coordinador de asesores mientras desempeñó la presidencia. Dirige el departamento de derecho del ITAM, cargo en que lo antecedió Santiago Creel por cuyo apoyo se daba por cierta su inclusión en una de las ternas.
Pero más que esa vinculación le valdrá ser el único candidato que ha estudiado al máximo tribunal: el año pasado publicó La teoría constitucional de la Suprema Corte de Justicia, un texto nada inocuo.