Era frecuente, en el antiguo régimen, señalar al Gobierno como candil de la calle y oscuridad de su casa, porque proclamaba en el ámbito internacional principios que solía olvidar o infringir en casa. Al menos en ese punto, no hay gran diferencia entre el ayer y el hoy. Pongo como ejemplo el doblez gubernamental frente al muro que construye Israel para controlar su frontera, y el que entre Tijuana y San Diego erige el Gobierno de Washington. El primero ha merecido la condena mexicana. El segundo ha sido admitido en silencio.
En el consejo de seguridad de la ONU la semana pasada y anteayer en la Asamblea general fueron cursados sendos proyectos de resolución de contenido semejante y un sólo propósito: se demanda de Israel dejar de construir (y derribar la parte ya levantada) un muro en los territorios ocupados que se alza en una línea divisoria distinta de la fijada en el armisticio de 1949. En el consejo, la resolución fue apoyada por 14 miembros, incluido México, pero vetada por Estados Unidos. Una suerte algo diversa tuvo en la asamblea general, en que contó con un voto favorable aplastante, de 144 delegaciones incluida la mexicana. Se produjeron 12 abstenciones y sólo cuatro países votaron en contra, las minúsculas Islas Marshall y Micronesia, así como Estados Unidos e Israel. Como los pronunciamientos de la Asamblea carecen de fuerza obligatoria, el Gobierno de Ariel Sharon lo ha pasado por alto, como desoyó el planteamiento en el Consejo de seguridad.
En el momento mismo de nacer en 1948, y en 1956, 1967 y 1973, Israel fue atacado por varias coaliciones de países árabes que una y otra vez fracasaron en su intento de arrojar a los israelíes al mar. Al contrario, en la veloz guerra de los Seis días, Israel ocupó tierras de Jordania, Egipto y Siria, tras vencer a esos países. No salió a practicar una guerra de conquista. Defendió el derecho moral y jurídico a existir, que nadie en su sano juicio le regatea, y al hacerlo obtuvo una ganancia territorial. Conforme a la ética que le dio origen, y con base en resoluciones de la ONU, debió retirarse de esos territorios ocupados.
Pero en vez de hacerlo, Israel permitió que el fundamentalismo expansionista creara asentamientos en esas comarcas, donde hoy se concentra el resabioso y letal conflicto entre Israel y los palestinos. Por causas varias, y de modo explícito o tácito, ya ningún Estado árabe que tenga fronteras con Israel intenta hacer armas en contra suya. Lo hacen sólo, por medio de la atroz apelación al terrorismo, palestinos que burlan la rigurosa vigilancia y las escrupulosas medidas de seguridad del Gobierno de Israel.
Ante la insuficiencia de esas medidas, pues menudean los atentados al mismo tiempo suicidas y homicidas, el Gobierno de Sharon ha multiplicados sus acciones represivas. Su actitud además de condenable es ineficaz, pues sólo exacerba los ánimos en vez de apaciguarlos, y hace que disminuya el asentimiento político en su favor. Un ataque militar israelí en la Franja de Gaza que el lunes provocó la muerte de nueve personas ha sido condenado rudamente en Israel, un país donde hay más libertad política y de expresión que en cualquier nación árabe. En ese contexto, el muro que permite a los israelíes, según su lógica, contar con fronteras seguras, es un instrumento de defensa que, sin embargo, ha merecido repudio internacional.
El Gobierno de México guarda inaceptable silencio, en cambio, ante la decisión norteamericana de ampliar la cerca que ya existe entre San Diego y Tijuana. Está en curso el proyecto “de construir otras dos bardas de acero de tres metros de altura”, que sellarían “las últimas cinco millas de frontera entre los dos países, en la parte más septentrional de la colindancia occidental” entre Estados Unidos y nuestro país.
El texto entre comillas corresponde a una denuncia de Jorge A. Bustamante, uno de los más acuciosos fronterólogos, pionero entre ellos, que representa a la sociedad civil en el Consejo de Directores de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza. Bustamante llama “contraste vergonzoso” al que se ha establecido entre el activismo de una oficina del Gobierno de California y la parsimonia o negligencia mexicana en torno de aquella barda en la esquina noroeste de nuestro país.
La Agencia de conservación costera estatal de California ha vetado el propósito de Washington de llevar adelante aquel muro. Lo hace porque, a su juicio -dice Bustamante- se “produciría un deterioro ambiental significativo en la zona limítrofe entre los dos países. Lo vergonzoso del caso es que el Gobierno de México está omitiendo su obligación legal de reclamar el cumplimiento de acuerdos bilaterales que obligan a ambos gobiernos -con ciertas salvedades no aplicables al caso- a no realizar obras que produzcan efectos de deterioro del ambiente que comparten ambos países en su región fronteriza”.
La barda californiana es parte de la rigidización de la frontera contra la migración mexicana y centroamericana. No fue suscitada por el clima de inseguridad que prevalece en Estados Unidos luego de los ataques a las Torres Gemelas, sino que es parte del enferozamiento, valga la expresión, de represión estadounidense contra el cruce ilegal de la frontera. Levantar ese muro no puede ser considerado fruto del privilegio norteamericano de proteger su frontera sino como un asunto bilateral. Al no haber sido abordado así, EU merece una condena semejante a la que México emitió contra el estado de Israel.