Aunque por supuesto es necesario, e ineludible, examinar el conflicto interno del PRI en la Cámara de Diputados, es también conveniente mirar lo que ocurre en su colegisladora, en tanto adquieran más nítido perfil los ingredientes formales de aquella colisión de intereses. A su obligación decembrina de aprobar la legislación de ingresos, el Senado añade en esta fase final del período ordinario de sesiones una carga de trabajo excepcional. Además de la elección de dos ministros de la Suprema Corte de Justicia, empeño complicado por falta de acuerdos, esa cámara tiene que designar al gobernador del Banco de México apenas el Presidente de la República presente la propuesta correspondiente. Quizá deba ratificar nombramientos de embajadores y cónsules, para reemplazar a los abruptamente despedidos en estos días. Y debería nombrar a dos vocales de la junta de gobierno del Instituto de Protección al Ahorro Bancario.
Tras la integración cabal de la Corte en enero de 1995, el Senado se enfrentó por primera vez al reemplazo de los dos miembros de ese tribunal que llegaron al término de su gestión, según el calendario sensatamente fijado tras la conmocionante reestructuración de la Suprema. Los senadores cumplieron muy bien la mitad de su tarea, al elegir al doctor José Ramón Cosío el jueves pasado, para sustituir al ministro José Vicente Aguinaco Alemán. Pero les fue imposible, ese mismo día, designar a quien reemplazara al ministro Juventino Castro y Castro. Aplazaron para el martes siguiente, anteayer, una nueva votación, que concluyó en la misma frustrante imposibilidad de reunir en favor de una candidatura los dos tercios de los miembros presentes que fija la Constitución.
Y aunque esa cámara hubiera podido repetir una y otra vez la votación, previo diálogo para acercarse a una posición ampliamente compartida, optó erróneamente por trasladar el problema de su desacuerdo al Ejecutivo.
Disponía de tiempo para insistir en la búsqueda de consensos (hasta 30 días contados a partir de la recepción de las ternas, el 19 de noviembre, si bien sus sesiones concluyen el 15 de ese mes). Pero sus integrantes se dieron por vencidos.
Se presentó de esa manera una circunstancia inédita, que se resolverá mediante la buena fe de las partes. La Constitución contiene la hipótesis del rechazo, pero no la del desacuerdo. “En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Presidente de la República someterá otra nueva...”. Eso ha pedido el Senado al Ejecutivo y probablemente la Presidencia accederá a hacerlo. Pero en Xicoténcatl no fue rechazada la terna. Al contrario, fue admitida. Tan se la admitió que dos veces fue votada. Si en Los Pinos se atuvieran a la letra de la ley, bastaría con que el Presidente esperara a que transcurra el “improrrogable plazo de 30 días”, al cabo de los cuales designaría a dedo a uno de los integrantes de la terna.
Existe el riesgo, cuando se atribuye al Congreso una facultad de designación, que la decisión se tome en función de los intereses y la integración de los partidos y no conforme a los méritos de los candidatos.
Eso ocurrió en esta oportunidad, como lo muestra la votación en bloques partidarios, mecánica que si no es acompañada por el claro discernimiento de los alcances del voto partidiza peligrosamente los nombramientos.
Una modalidad de ese riesgo (el que divida a una fracción) está presente en la designación de gobernador del Banco de México que el Senado debe desahogar en estos días. Aunque al parecer una reunión de los senadores panistas con el presidente Fox eliminó ya las objeciones que un grupo de ellos erigió contra la reelección de Guillermo Ortiz, no está descartado que su posición se adopte en función de su pertenencia a la fracción panista de la Cámara de Diputados que en la LVII legislatura inició un fallido juicio político contra Ortiz. Al decretarse la ley que creó el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, como parte de su crítica al desempeño de Ortiz como secretario de Hacienda, la bancada panista trazó un retrato hablado de ese funcionario para impedir que tuviera parte en las decisiones del nuevo órgano, que sustituía al Fobaproa en que Ortiz había incurrido en tantas ilegalidades.
Se comprende, así, su renuencia actual a confirmar en su cargo al ahora gobernador, habida cuenta, además, que forma parte de un órgano colegiado de cuyo seno puede surgir otro candidato, como el vicegobernador Everardo Elizondo con al menos las mismas calificaciones que Ortiz y desprovisto de sus lastres.
En torno al IPAB mismo el Senado debe tomar otras decisiones. Debe nombrar a dos vocales, uno cuya posición está vacante desde abril (pues su titular dimitió apenas catorce meses después de su designación), y a quien sustituya al que eligió la fórmula extrema de renunciar y no aguardar doce días a que expirara el término para el que fue elegido. Digamos, de paso, que el mensaje que esas renuncias conllevan es una elocuente descripción del clima de discordias que priva en aquel órgano de gobierno.
Quizá hoy mismo, en fin, se solicitará al Senado la ratificación del nombramiento de varios embajadores y cónsules generales, que reemplacen a quienes fueron designados al comenzar el sexenio y a quienes se remueve no sólo porque han cumplido su misión, sino para dejar espacios necesarios en la recomposición de fuerzas dentro del gobierno, propia de la segunda mitad de una administración, ante la sucesión presidencial.