Cuando faltaban veinte días para que concluya sus funciones, el viernes pasado el consejo general del Instituto Federal Electoral (IFE) adoptó la que quizá ha sido la más ardua de sus resoluciones, la que castiga por financiamiento irregular a los partidos que apoyaron a Vicente Fox para llegar a la Presidencia de la República.
El dictamen del órgano fiscalizador, que impuso sanciones al PAN por 360 millones de pesos y al PVEM por 185 millones, aprobado por seis consejeros, incluido el presidente, será revisado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que emitirá la última palabra.
Tres miembros del consejo se abstuvieron, pero no votaron en contra. Uno de ellos, Jaime Cárdenas, adujo las razones más poderosas. Una principal consiste en que el financiamiento paralelo, que en eso consistieron las aportaciones de los Amigos de Fox y otras agrupaciones y personas, es una irregularidad grave que no fue estudiada exhaustivamente ni sancionada con fuerza suficiente, no obstante su gravedad. Pero nadie entre los consejeros objetó los hallazgos de la indagación.
La comisión fiscalizadora del IFE se enfrentó a una tarea especialmente difícil. La trama para hacer llegar a la campaña de Fox dinero adicional al que fue reportado se urdió desde mucho tiempo atrás y contó con diversas fuentes y modalidades. La sanción semejante aprobada antes por la autoridad electoral, mil millones de pesos al PRI, requirió una trabajosa reconstrucción del método utilizado para allegar fondos a la candidatura de Francisco Labastida. Pero, con todo, el camino allí estaba nítidamente trazado por documentación que mostró cómo Pemex dio dinero al sindicato petrolero y su comité nacional lo entregó, 500 millones de pesos en efectivo, a empleados y funcionarios priistas responsables de la administración y las elecciones.
En cambio, identificar las operaciones del financiamiento irregular al PAN y al PVEM (que constituyeron una coalición, forma de participación electoral que aporta beneficios e impone costos) demandó un esfuerzo adicional, estorbado por las acciones judiciales que consiguieron demorar la obtención de las informaciones necesarias para establecer montos y maneras del financiamiento contrario o al margen de la ley. Por añadidura, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Conbava dirigida por Jonathan Davies, cuestionado en otro frente por su participación en el oneroso rescate bancario, fue un celoso guardián no del secreto bancario en general, sino del que protegía las operaciones involucradas en este caso en particular. Aun después de que el Tribunal electoral federal definió al IFE como autoridad con amplitud bastante para conocer movimientos bancarios y bursátiles, la Conbava practicó el tortuguismo. Ni siquiera “trabajó a reglamento”, como se llama a tal lentitud en España, sino que fingía perplejidades. Cuando se le solicitó información sobre determinadas cuentas, luego de varios retrasos entregó la correspondiente a seis, informando que eran todas. La revisión de su contenido permitió saber a los fiscalizadores electorales que esas cuentas se relacionaban con 19 más, que con nueva tardanza fueron abiertas a la investigación.
Ésta fue muy compleja debido a varios factores, entre ellos el efecto de la precampaña organizada por particulares en la actividad normal y en la campaña de los partidos. El grado de participación de éstos en el financiamiento irregular tuvo que ser establecido con la mayor precisión formal posible. La triangulación de los ingresos y su conversión en gasto obedeció a estrategias deliberadas que no fue sencillo detectar. Y a cada una de las infracciones establecidas fue preciso aplicar un factor diferente para el cálculo de las sanciones.
Frente a algunas de las muchas objeciones que desde miradores diferentes se opusieron al proyecto de acuerdo y plenamente solidario con el resultado de la investigación, el presidente del consejo José Woldenberg afirmó que “el dictamen está bien fundado, no estamos ejerciendo una justicia compensatoria, no estamos solapando nada, no hubo compromiso con el gobierno”.
La ley federal no relaciona el financiamiento irregular con el resultado electoral, como sí lo hace el código capitalino en el caso del sobregasto, que es causa de nulidad de la elección. No es posible, en consecuencia, poner en cuestión la investidura presidencial, que se estableció conforme a los criterios legales previstos. Otra cosa es y no menor, el aspecto ético del asunto, que debería merecer una consideración pública del Presidente, cuya legitimidad no puede ser formalmente cuestionada pero se fortalecería si él expresa su posición sobre el caso.
Aprobantes o abstinentes, los consejeros se atuvieron a la ley y a su conciencia. Dieron una vez más ejemplo del rigor con que abordaron sus tareas en los siete años que están por concluir. Establecieron un paradigma que deberá ser conservado a la hora de elegir a quienes los sucedan. El sensato y prudente parecer de Germán Martínez, coordinador adjunto de los diputados panistas y antes representante de su partido en el IFE debería atajar al primitivismo que conduce a algunos partidos a rechazar por completo al consejo que concluye y cualquier propuesta que permitiera continuidad con sus criterios. Para alejar las tentaciones de la impunidad, ya expresadas, dijo que hay que ver adelante: “es hora de ir hacia adelante con una reforma electoral que fortalezca la fiscalización del IFE”.