En la peor tradición neoliberal, iniciada en México por el presidente De la Madrid, el gobierno panista (que pretende ser identificado con un humanismo diverso de las veleidades neoliberales) prevé para el año próximo adelgazar al Estado con tanto rigor dietético como el practicado por Salinas y Zedillo, que desincorporaron decenas de empresas e instituciones públicas.
El jueves pasado, cuando llegaron a la Cámara de Diputados los proyectos que regirán las finanzas públicas en 2004, se supo que la austeridad que rigió la elaboración del presupuesto de egresos incluye dejar de gastar en varias oficinas públicas. No se sabe todavía si serán puestas a la venta, o liquidadas, o transferidas, o símplemente se les reducirán las aportaciones públicas en grado extremo. En rigor, deberíamos esperar hasta conocer las modalidades y sobre todo las motivaciones que indujeron a la autoridad hacendaria a proponer esa desincorporación, a fin de discutir esos móviles. Pero el solo anuncio de que puedan ser cerradas algunas instituciones oficiales ha generado una conmoción pública que reclama abordar el asunto. Hasta este momento, como es comprensible, actitudes y sentimientos que van de la perplejidad a la cólera han sido expresados por las comunidades más directamente afectadas. Pero cuando se conozca con precisión la trascendencia de esas medidas de ahorro será oportuno reflexionar sobre el tema como lo hacemos ahora precautoriamente. Con toda su gravedad, no es este el capítulo de las finanzas públicas programadas para el año próximo que mayor daño implica, pero sí el que efectos perniciosos más inmediatos y notorios puede generar. Su relevancia sube de punto si, como parece, son reveladores de incongruencias y mezquindades inadmisibles en un gobierno democrático.
Piénsese, por ejemplo, en el Colegio de Posgraduados, una institución que forma investigadores en el ámbito agropecuario y realiza indagaciones en esa misma materia. Después de haber sido la división correspondiente en la antaño Escuela Nacional de Agricultura, hoy Universidad Autónoma de Chapingo, adquirió su autonomía aunque no fue cercenado de la institución de que formaba parte. Apenas hace dos años, la misma Secretaría de Hacienda que hoy parece haber decretado su extinción reconoció sus logros y en función de ellos lo consideró, conforme a la ley de investigación científica y tecnológica, un Centro público de investigación, con estatuto semejante al de las entidades paraestatales. Salvo que ahora su presupuesto, por esa misma razón, requiera un tratamiento que lo excluye del general de gastos federales, no se entiende el despropósito de clausurar un núcleo de trabajo académico con esa reconocida trascendencia social.
El objetivo de cancelar la participación gubernamental en la industria cinematográfica, en cambio, puede surgir de una actitud riesgosa, de intolerancia que añade ruindad a la ineficacia de una política financiera que ignora la importancia de las expresiones de cultura. Decretar, como se pretende, la supresión del Instituto Mexicano de Cinematografía y de los fondos adosados a su funcionamiento, podría ser un acto de revancha, una venganza impulsada desde los segmentos cavernícolas de la administración foxista.
Debe recordarse que la indignación de grupos retardatarios por la película “El crimen del padre Amaro” no fue generada sólo por las autorizaciones obtenidas en la Secretaría de Gobernación para exhibirla. Fue denunciada también con vehemencia la participación financiera de Imcine en la realización del proyecto. Conforme a las pautas del apoyo público a la industria fílmica, la aportación de ese órgano fue marginal. Pero así hubiera sido un centavo el invertido en ese proyecto el agravio conservador habría sido igualmente grave. No pudieron quienes lo intentaron impedir que la cinta fuera apreciada por millones de personas y premiada con profusión. Pero quizá aguardaron a paliar su ofensa con la clausura de ese instituto.
Refuerza esa impresión el que la batida contra la actividad fílmica no se limite al Imcine sino incluya también a la escuela de formación de cuadros de esa industria, el Centro de Capacitación Cinematográfica, y al principal enclave fabril, por así decirlo, de la producción de películas, los Estudios Churubusco. Convendría que supiéramos cuán gravosa es para el erario la operación de esas instituciones, si suprimir el gasto correspondiente contribuye a la salud de las finanzas públicas.
Es de otra naturaleza la decisión referida a Notimex. La propensión privatizadora de una corriente panista ha apuntado varias veces hacia la liquidación o venta de esa agencia de información, uno de los escasos restos del dirigismo informativo que era parte sustancial del antiguo régimen. Suprimidos muchos de los subsidios a la industria periodística, prevalece entre otros el que beneficia a no pocos diarios con información barata. Pero la antes demandada y ahora anunciada clausura de Notimex no ha sido precedida de una discusión que produzca conclusiones sobre los medios públicos de comunicación. Se trata sólo de una acción fiscal de ahorro, un recorte de gastos sin explicaciones ni justificación.
La inutilidad creciente de Notimex se agravó en los años recientes. Tras el despido de Francisco Ortiz Pinchetti, uno de los pocos periodistas que dirigió la agencia, el subsecretario de medios de Gobernación, José Luis Durán Reveles puso en ese sitio a su secretario particular, para echarlo a perder.