Anteayer tomó posesión del gobierno de Sonora Eduardo Bours (José Eduardo Robinson Bours Castelo es su nombre completo). Exitoso empresario y dirigente patronal, aunque ingresó al PRI en 1973 apenas hace cuatro años se hizo notar por su participación partidaria, como responsable de la campaña financiera de Francisco Labastida tanto en la contienda interna de 1999 como en la constitucional del año siguiente. Sólo entonces fue candidato por primera vez, derrotado en la búsqueda de una curul en el Senado por el panista Ramón Corral.
Se enfrentó con él, de nuevo, en la elección del 6 de julio. Bours se hallaba en frágil posición dentro de su partido, controlado nacionalmente por los adversarios de Labastida y marcado estatalmente por la fuerte influencia de Manlio Fabio Beltrones, con quien el nuevo gobernador se halla, por decirlo suavemente, distanciado. Eso no obstante, obtuvo el triunfo por una diferencia de unos ocho mil votos. A lo largo de tres meses, mientras se cumplían los pasos de la fase post electoral, el PAN desplegó una actitud de resistencia, sobre el argumento de que la victoria priista se había alcanzado con manipulación y trampas que, sin embargo, no pudo documentar en forma satisfactoria, ni ante las instancias locales ni ante la sala superior del tribunal federal.
Al conocer la sentencia de este órgano de la justicia federal, que confirmó el resultado conocido desde poco después de los comicios (prácticamente con las mismas cifras aducidas por el priista al proclamarse triunfador), el dirigente estatal del PAN, Florencio Díaz Armenta se allanó al desenlace, y anunció que su partido aceptaría “en todos sus términos” la resolución del tribunal federal.
Esa decisión fue adoptada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el jueves pasado, mientras era torpemente lastimado por el faccionalismo imprudente en la Cámara de Diputados. En la sesión pública de ese día, una de las más prolongadas de su historia, la sala superior de ese órgano de la justicia federal resolvió una setentena de asuntos, referidos a elecciones locales en siete entidades y a la protección de derechos ciudadanos (como la que dio lugar a la sentencia que escuece a los verdes). Con alguna probable excepción y como suele ocurrir tras el dictado de sus fallos, los litigios electorales resueltos por el Tribunal concluyen allí, con la generalizada admisión de las partes del desenlace que así se produce.
Ese jueves, además del de Sonora, llegaron a esa fase terminal los casos de Campeche y San Luis Potosí. Los resultados iniciales y las decisiones de los órganos locales dieron el triunfo al priista Jorge Carlos Hurtado y al panista Marcelo de los Santos, respectivamente. El primero había tenido por contendientes principales a Juan Carlos del Río, de Acción Nacional y a Layda Sansores, de Convergencia. Ambos impugnaron el triunfo de su adversario, como lo había hecho hace seis años la ex senadora entonces candidata del PRD. Con menor fundamento legal que entonces y con menor apoyo de los votantes, su causa no prosperó tampoco judicialmente. De los Santos fue a su turno impugnado, sin éxito, por el candidato del PRD, el ex diputado priista Elías Dipp, que presentó extemporáneamente su recurso, por lo cual fue desechado.
(Allí hay una lección todavía no suficientemente aprendida por los partidos y los candidatos. La justicia electoral suele ser en extremo rigorista, al punto que en el seno de la sala superior esa circunstancia provoca debates explícita o implícitamente, pues siendo un tribunal de estricto derecho a menudo aborda asuntos que tocan la conciencia de sus integrantes. Para mejor proveer, como se dice en la jerga forense, los actores deben afinar sus instrumentos legales, para litigar a tiempo y para que la denuncia de hechos no sea una arenga política sin sustancia, sino que se sustente en claros documentos y testimonios).
Entre otras muchas resoluciones, la sala superior revocó la decisión del tribunal electoral de Sonora que anuló una elección municipal y por lo tanto devolvió al PAN el triunfo. En sentido contrario, en Tolimán, Querétaro, desposeyó de su victoria a Acción Nacional y adjudicó el gobierno municipal a la alianza para todos (PRI-Verde). En Guaymas ordenó instalar en el ayuntamiento a tres regidores perredistas a los que su partido pretendió sustituir sin base legal. En el Distrito Federal, la sala superior revocó la sentencia del tribunal local que asignó al PRD cuatro curules de representación proporcional y las distribuyó entre el PAN (dos), el PRI y el Verde.
La temporada de intenso trabajo del Tribunal no ha concluido. Tiene pendientes por lo menos dos casos de alto relieve. Podría anular la elección de gobernador en Colima, pues quien ocupa actualmente el cargo, Fernando Moreno Peña, se inmiscuyó notoriamente en el proceso electoral, al punto de desafiar a debate, como si fuera el candidato de su partido, al de Acción Nacional. Esa misma conducta, en otras entidades, sería quizá un argumento contundente contra la legalidad de la elección, pero no tiene el carácter definitorio de su calidad como lo tiene en Colima: La Constitución local prohíbe expresamente al gobernador participar de modo alguno en la elección y Moreno Peña la pasó por alto.
En fin, el Tribunal abordará la anulación de los comicios en la delegación Miguel Hidalgo, del DF, dictada por el tribunal local, que de mantenerse, obligará a una elección extraordinaria.