El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, dirigido por la secretaria general del PRI, aceptó la semana pasada un incremento de 5.5 por ciento directo al salario y 1.5 en prestaciones. Y sin embargo, apoya de muchos modos la pretensión del líder de los trabajadores del gobierno capitalino de un aumento salarial de diez por ciento (después de que hace quince días aceptó por escrito el siete por ciento), y ¡un 20 por ciento! en prestaciones.
En apoyo a esas demandas, cientos de empleados de la administración capitalina, ni siquiera el uno por ciento del total de 110 mil trabajadores que integran el sindicato, han desfilado a paso lento por algunas calles de la ciudad, bloqueado otras, desarticulado el tránsito y reñido con los medios de información. Es evidente su propósito provocador, su gana de irritar hasta el extremo a los capitalinos, de suerte que exijan, como ya muchos lo hacen, mano dura contra los manifestantes.
La movilización, dirigida por el presidente del sindicato, José Medel Ibarra, no es una acción laboral. Aunque se remitió copia del pliego de peticiones al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, no se ha iniciado ningún procedimiento formal para que ese organismo de justicia laboral conozca el diferendo entre las autoridades y el sindicato. No hay intención real de mejorar las condiciones generales de trabajo de los empleados capitalinos. Por eso se formulan peticiones desmedidas, como llevar a 60 días el monto del aguinaldo, lo que equivale a cincuenta por ciento más. Y por eso la petición de resolver ahora el inveterado problema de los 35 mil eventuales, que viven sin duda una situación irregular e injusta, pero que se encuentran en ella por irresponsabilidad de los gobiernos priistas.
Medel Ibarra tiene su base en la sección Cuatro del sindicato, que agrupa a los empleados de contraloría, administración y almacenes para los trabajadores. Fue secretario seccional en el trienio 1993-96, y en el dos mil se perfiló como precandidato a la presidencia del sindicato, a la que lo impulsó Gilberto Sánchez Osorio, primer vicepresidente de la FSTSE, la federación burocrática nacional a que sigue perteneciendo el sindicato local, como si el gobierno capitalino fuera todavía una dependencia del federal. Medel Ibarra salió así avante sobre sus aliados Carlos González Merino y Emilio Fernández Allende, que también aspiraban al liderazgo.
Elegido el 28 de octubre del 2001, el 8 de marzo siguiente Medel Ibarra inició su lucha no sindical sino personal. Denunció violaciones que incluían una que lo interesaba particularmente: “la autoridad se abstiene... de entregar el vestuario y el equipo propio para el desempeño de sus labores”. Es que comenzaba a desmontarse el aparato de distribución de ropa de trabajo adquirida a proveedores señalados por el sindicato y entregada al comité sindical, que administraba su reparto conforme a sus intereses.
El 28 de mayo Medel Ibarra organizó un paro total, que concluyó en la primera hora del día siguiente. No había tenido éxito en su tentativa de recuperar los privilegios del pasado. Entonces empezó una estrategia de paros focalizados, aprovechando que por su parte el dirigente del sindicato del Metro, Fernando Espino Arévalo, acudía también a la acción directa. El 18 de agosto fueron paralizadas dos líneas del subterráneo, y a la semana siguiente pararon trabajadores en las delegaciones Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón. Días después la acción ocurrió en la Tesorería, cuyo personal corrupto (que por supuesto no es la mayoría) se revolvía incómodo ante las medidas para hacer transparente y eficaz su trabajo. Fue natural el encuentro entre los dos dirigentes. Apologistas de Medel Ibarra lo describen así, con lirismo sincero: “Las brasas hacen renacer el fuego con nueva leña, como ocurrió con el conflicto del sindicato del Metro. El cinco de septiembre, en un restaurante de Tacubaya, Medel y Fernando Espino Arévalo... anunciaron una alianza para enfrentar los embates gubernamentales. Con un abrazo rubricaron la solidaridad y plantearon públicamente la posibilidad de un paro de labores el 17 de septiembre de 2002, durante el informe del jefe de gobierno”.
Varios factores evitaron la consumación de ese amago, entre ellos la denuncia al dirigente del Metro por la ilegal suspensión del servicio público semanas atrás. Puesto que Espino Arévalo ocupa una curul en la Asamblea Legislativa, el ministerio público solicitó el desafuero a la Cámara. El diputado local, a salvo por ahora, busca prorrogar su inmunidad. Es candidato del Partido Verde a diputado federal, no obstante su pertenencia al PRI. Tiene alta probabilidad de volver a San Lázaro y de mantener su fuero.
Visto que esa posición jurídica y política es idónea para encabezar sin riesgo acciones que pueden ser delictuosas, se dotará de esa protección a Medel Ibarra. Él será diputado local. Figura en el número tres de la lista de candidatos plurinominales del PRI, detrás de Manuel Jiménez Guzmán y Claudia Esqueda. Está, pues, en plena campaña.
A pesar de su declive en todos los órdenes, supongo que nadie en el PRI capitalino cree que suscitar la irritación ciudadana como se hizo concienzudamente esta semana, incluido el día de ayer, produzca votos para el tricolor. Hay que imaginar, en consecuencia, que se trata de generar ingobernabilidad, de atizar “el fuego que arrasa matorrales y hojas secas” y amenaza “con desbordarlo todo, sin dejar nada a su paso”, según la doctrina Medel Ibarra.