El IFE impondrá una multa al PAN, a causa de su financiamiento irregular en la campaña del 2000. En este caso, con mayor nitidez que en el del castigo al PRI se advierte la desconexión entre los efectos y las causas del uso indebido de dinero electoral, desconexión perversa porque acicatea la infracción a la ley. Introducir en los procesos electorales recursos prohibidos por la ley puede merecer una sanción pecuniaria, pero no altera el resultado electoral. El presidente Fox seguiría siendo titular del Poder Ejecutivo aun si viniera a descubrirse que consiguió su victoria con medios ilegales mucho más graves de lo que hoy se sabe.
Nunca tuvo Acción Nacional dificultades para sobrevivir. Contó desde su nacimiento en 1939 con recursos para su organización y desarrollo. Tuvo siempre la aportación apostólica de sus miembros y simpatizantes, que entregaron a su partido tiempo y cuotas, las brevísimas que la magra economía de la mayor parte de ellos autorizaba. Pero tuvo también la simpatía de sectores pudientes, que resolvieron que era buen negocio invertir en democracia, para no quedar sujetos de modo permanente a un régimen autoritario con el que, sin embargo, mantenían también afinidades.
A diferencia de otros partidos, Acción Nacional rehusó recibir subrepticiamente dinero del erario. Aun en la época en que se estableció la entrega de fondos legales a las organizaciones políticas (al entrar en vigencia el código Bartlett, de 1986), el PAN se negó a aceptarlos.
Le pareció durante un tiempo impropio recibir dinero de los contribuyentes, no sólo porque eso lo emparentaba de algún modo con el resto de los partidos sino también porque más o tarde o más temprano el órgano electoral entraría en sus intimidades financieras, con el pretexto o el argumento de hacerlo rendir cuentas. Ya admitido el financiamiento, hace seis años el PAN consideró desmesuradas las cantidades recibidas en la campaña intermedia. Es que al emitir la nueva ley electoral, en 1996, el PRI se aseguró el tren de vida a que estaba habituado. Sabedor de que sería cada vez más difícil ocultar la canalización de fondos públicos a su arcas, el entonces partido del Gobierno impuso fórmulas que le permitieran fincar en el manejo de amplios recursos, ahora bendecidos por la ley, sus posibilidades de triunfo.
Acción Nacional aceptó la fórmula pero, en la primera entrega objetó su monto y aun devolvió parte de lo recibido, como señal de que podía avanzar electoralmente sin depender del dinero oficial. (El PRD hizo lo mismo entonces, pero no devolvió recursos al IFE, sino que los canalizó a propósitos sociales, que sus adversarios tildaron de clientelares). Pero el gesto de austeridad panista fue efímero. No reintegró nunca más cantidad alguna al IFE. Eso sí, empleó los recibidos con esmero y escrúpulo notorios. Desde que ha sido obligatorio ofrecer informes anuales y de campaña, los más claros han sido los del PAN, que ha sido por eso el que en menor medida se hizo acreedor a sanciones, ni siquiera por insuficiencias administrativas.
En cambio ahora deberá cubrir la segunda multa más alta que ha impuesto la autoridad electoral. No tendrá el tamaño de la asestada al PRI, pero su importancia política será análoga, porque establecerá precedentes respecto del financiamiento privado, el que reciban los partidos y el que se entregue a los precandidatos, aunque no parezca cercana la posibilidad de que se regulen las precampañas (entre otras razones porque se engendraría un proceso de vigilancia interminable: reguladas las precampañas habría madrugadores que experimentaran la necesidad de un activismo previo a las precampañas, lo que menguaría la eficacia de la norma que ahora se estima necesaria). La accidentada indagación del IFE sobre el financiamiento irregular panista encontró varias formas de infracción a la ley: el PAN recibió aportaciones de empresas, práctica expresamente prohibida, lo mismo que contribuciones llegadas desde el extranjero.
Sobrepasó además topes marcados por la legislación y, en conjunto, ocultó esas aportaciones al no incluirlas en sus reportes obligatorios.
Independientemente de los montos recibidos sin apego a la ley, el PAN y su candidato presidencial deberán enfrentar el costo político que genera el engaño, siempre repudiable, pero especialmente vitando cuando lo practica un partido que por la posición social y religiosa de sus fundadores -gente decente los que no sólo eran católicos- se empeñó en que las convicciones éticas los diferenciaran de modo radical y tajante de sus adversarios priistas, que basaban su Gobierno en la mentira.
El propio presidente Fox llegó a negar de manera expresa que hubiera recibido dinero del extranjero y ahora quedará claro que faltaba a la verdad cuando lo dijo. Ni siquiera podría alegarse en su descargo que ignoraba los pormenores de su financiamiento. Quizá en el fragor de la batalla electoral careció de ocasiones para revisar tal extremo y daba por cubierto el aspecto legal del costeo de su campaña. Pero cuando el asunto fue mostrando al público sus ribetes, lo menos que pudo hacer es requerir de los responsables, amigos suyos y dirigentes de su partido, información puntual sobre la cuantía y el origen de sus finanzas. Y todavía pudo abstenerse de hablar al respecto, en espera de que los órganos legales dijeran lo que les corresponde. Se ha pretendido justificar las infracciones alegando que sin ellas seguiríamos bajo la férula priista. Pero es corrupto combatir la corrupción con corrupción, ¿no?