Hoy hace exactamente un mes que el canal 40 fue desprovisto del transmisor por el que envía su señal al valle de México. En ese lapso ha abundado la información sobre el golpe asestado a esa emisora de televisión. ¿Por qué se ocupan tanto de ese asunto?, me han preguntado. Como si no hubiera otros temas de mayor importancia. Se trata de un pleito entre iguales, agrega otro reproche. Hay algo sospechoso en la defensa de un hombre conocido por no pagar sus deudas, se me dice también, en alusión a Javier Moreno Valle, como si se tratara de construir un muro de protección para su mora y su insolvencia.
El tema es relevante desde muchos puntos de vista, entre otros el del Estado como garante del derecho. En este caso, el Gobierno Federal ha traicionado ese papel cuyo ejercicio es imprescindible para la convivencia. Con omisiones y acciones ha patrocinado a una de las partes, TV Azteca, en un litigio que se ventilaba en los tribunales hasta que huestes de la televisora del Ajusco pasaron de un cerro a otro y en el Chiquihuite se apoderaron de bienes ajenos contra todo derecho. Estos viernes y sábado esa actitud gubernamental llegó al colmo. Fue un Gobierno chicanero el que vimos desplegar sus argucias de abogado huizachero para prolongar el daño que la combinación de su abulia cómplice y la insolencia atrevida de Azteca ha producido en la frágil estructura del 40.
Una jueza ordenó hacer cesar el aseguramiento de los bienes de Televisora del Valle de México, practicado tardíamente por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Esa dependencia se tomó su tiempo primero para darse por notificada, después para anunciar que emplearía el improrrogable término de 24 horas que la juzgadora le impuso y al final para salir de las instalaciones, y de ese modo aparentar el cumplimiento del fallo judicial, sin dar su brazo a torcer frente a un concesionario al que la propia SCT otorgó el título para operar el canal 40 y que no ha incurrido en causa alguna de revocación o de sanción. A menos que ahora la SCT sancione a CNI (Corporación de Noticias de Información, la empresa que realiza la programación de la concesionaria TVM, ambas propiedad de Moreno Valle) por incumplir algunas de las obligaciones que le impone la ley, durante los 30 días en que la señal ha dejado de estar bajo su control.
Con una ingenuidad inexcusable a mis años cronológicos y profesionales, di como un hecho consumado que el canal 40 estaría en manos de su concesionario y en unas horas más se recuperarían sus transmisiones normales, en vez de las espurias que TV Azteca transmitió del 27 de diciembre al seis de enero o de la barra cromática que entre el seis y el nueve de enero anticipó la cancelación de la señal y la puesta en negro de la pantalla. No creí posible que el Gobierno hallara un modo de prorrogar el silencio impuesto al Cuarenta. Pero lo halló. El corolario de la decisión judicial que ordenó concluir el aseguramiento era que TVM recuperara su señal: ¿No fue esa empresa la que promovió el amparo y solicitó la suspensión? ¿No fue a ella a quien se concedió esa solicitud? ¿No fue ella la reconocida como titular de la concesión? ¿Y no se refería a ella la reflexión de la jueza sobre la necesidad de realizar las emisiones permitidas por el propio título? Al dar por terminado el aseguramiento, la autoridad administrativa debía salir de las instalaciones y el personal del concesionario hubiera podido ingresar a ellas, como tiene derecho a hacer, para empezar la regularización de las transmisiones.
Pero proceder con esa llaneza fundada en la ley hubiera impedido al Gobierno continuar al servicio de TV Azteca. Para seguir favoreciéndola, el viernes por la tarde no acudió al Chiquihuite y su ausencia permitió la provocación de TV Azteca, que envió una delegación de mayor nivel que la ahora procesada por el despojo practicado hace un mes. Esta vez acudió Jorge Mendoza, funcionario de la secretaría de Gobernación en 1993, el breve lapso que la encabezó Patrocinio González Blanco Garrido, y vicepresidente de TV Azteca. Pero a esos títulos Mendoza añade el de presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión, cargo que asumió el diez de octubre pasado y que lo obliga a por lo menos distanciarse públicamente de un pleito que afecta gravemente a la industria que representa. El sábado ya no hubo enviados de TV Azteca, sabedor quizá su dueño de que no haría faltar estorbar la recuperación de las instalaciones por el canal 40, porque tal recuperación no se produciría.
Una chicana, define el diccionario, es una “artimaña, procedimiento de mala fe, especialmente el utilizado en un pleito por una de las partes”. Reprochable, inadmisible la chicana así definida, es mucho peor, más lesiva para la sociedad cuando la practica el Gobierno. En prolongación de la maniobra por la cual TV Azteca se apoderó del transmisor de TVM, la SCT le impidió ejercer su derecho de recuperarla. En hipócrita adhesión a la ley, entregó las instalaciones al juez que conoce la causa penal por despojo, ante el que TVM había solicitado tal devolución. Ahora, sin embargo, deberá hacerlo de nuevo, con la dilación que eso implica. Para unas finanzas maltrechas como las que padece Canal 40, cada minuto fuera del aire es un golpe que la debilita. A sabiendas de que así es, importa a TV Azteca hacerla perder tiempo. Y en ese propósito tiene la inocultable, innegable complicidad del Gobierno.
Por eso es imprescindible hablar del tema.