En abril del 2000, el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz estuvo muy cerca del juicio político que solicitaron contra él dos partidos políticos, el PRD y Acción Nacional. Acusado de comprometer el crédito público como secretario de Hacienda, lo salvó la siempre oportuna colaboración del Partido Verde con el mejor postor. No obstante que estaba en curso su alianza electoral con el PAN, el partido de los González Martínez no vaciló en apoyar al PRI, como lo hiciera antes para salvar de semejante juicio político a los gobernadores de Yucatán y Tabasco.
Esa fue la tercera ocasión en que Ortiz salvaba su cargo y su persona. Cuando el rescate bancario se complicó, a fines de 1997, el Presidente Zedillo lo quitó de la muy zarandeada Secretaría de Hacienda y lo hizo gobernador del banco central. Al año siguiente, el propio Zedillo engañó a los legisladores panistas (o eso dijeron ellos) ofreciendo la cabeza de Ortiz como compensación por aprobar el rescate de la banca. No obstante ese ofrecimiento, que se formalizó con un transitorio en la ley del Ipab, Ortiz siguió en el Banco de México. Y allí seguirá hasta el 2009, pues el presidente Fox ha anunciado que propondrá al Senado reelegir al actual gobernador.
Dos clases de compromisos explican la permanencia de Ortiz en su cargo. Por un lado, con las instancias financieras fuera de México. Tanto es así, que el primero en conocer tal decisión fue el presidente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Horst Kölher, a quien Fox confió tal secreto. Autorizado o no para revelarlo, Kölher lo hizo, para confirmar la idea de que la política financiera mexicana llega hasta ese grado de afinidad con la dirección del Fondo (como lo muestra, por otra parte, la designación de Agustín Carstens como subdirector-gerente del Fondo, cuya asunción es inminente).
Luego de que el presidente del FMI informó a los mexicanos de esa trascendental decisión, el presidente Fox creyó oportuno hacerla conocer como si fuera asunto propio, una vez cumplido su compromiso de notificarlo a las finanzas internacionales. El otro compromiso al que Fox hace honor es con los banqueros, pues se ratifica al hombre que mayores servicios ha prestado a la banca privada de nuestro país.
Como subsecretario en tiempos de Salinas (el principal, por encima del de ingresos, Francisco Gil, tanto que quedaba a cargo del despacho en ausencia del titular), Ortiz encabezó el comité de desincorporación bancaria. Le correspondió, en ese papel, dibujar el mapa de las nuevas instituciones y resolver operativamente quién tendría la autorización para manejarlas, concluida su pertenencia al patrimonio público. Le tocó, a su turno, iniciar el rescate bancario, para lo cual ensanchó las fronteras del Fobaproa, un fideicomiso privado de cobertura estrecha, que fue provisto de dinero público. Todavía hizo más, al sentar las bases para la incursión de la banca extranjera en México, al comienzo de un proceso que ahora ha trasladado fuera de nuestro país prácticamente todos los centros de decisión sobre la banca mexicana. Privatizador y rescatista de los bancos, Ortiz parece encaminado desde hace unos meses a salvar de nuevo a los intermediarios financieros. Parecería que está actuando por primera vez en sentido contrario. Pero es sólo apariencia. Su propósito es mantener sub judice a los bancos, es decir, introducirlos en una situación judicial que deba ser resuelta antes de que se practiquen a esas instituciones las auditorías que permitieran a los contribuyentes recuperar, de lo perdido, lo que aparezca.
En septiembre pasado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) formuló observaciones al Ipab, relativas a los pagarés con que el Gobierno Federal cubrió el importe de créditos que no pudieron cobrar Bancomer, Banamex, Bital y Banorte. Salvo el último, todos los demás han sido adquiridos por bancos extranjeros empeñados en convertir aquellos pagarés en nueva documentación suscrita por el Ipab, que les permita seguir cobrando intereses a cargo de los contribuyentes, a cambio del gran servicio prestado antes, consistente en no saber efectuar su cobranza por no saber tampoco garantizar los créditos que con liberalidad otorgaron al comenzar sus operaciones, en la primera mitad de los noventa. Lo que se pretende en el órgano fiscalizador es, por lo menos, efectuar reducciones al importe de esos pagarés, cuyo monto se abultó por operaciones contrarias a la ley.
La Auditoría Superior de la Federación, y legisladores de que los que depende, quieren efectuar auditorías a esos bancos, que éstos alegan haber sido ya realizadas por el contador canadiense Mackey, aunque los bancos saben mejor que nadie que tales auditorías no se hicieron. Para impedir que ahora sí se realicen, los propios bancos buscaron el amparo de la justicia, a lo que se agregó en abril pasado, el comienzo de una controversia constitucional emprendida por el Procurador General de la República contra la ASF.
Una investigación de Víctor Fuentes (Reforma, 16 de junio) nos ha permitido saber que está en curso otro mecanismo de defensa de los bancos, no a su propio cargo, sino del banco central. Notificado por la ASF de las observaciones al Ipab, que de no ser solventadas significarían el inicio de procedimientos legales, el Banco de México se anticipó. Inició juicios contra los bancos en riesgo de ser auditados. Si se resuelve que lo sean, la operación no será posible hasta que concluyan los procesos abiertos en tribunales por Banxico.