Dentro de nueve días, con el mes de agosto y la LVIII legislatura concluirá la inmunidad parlamentaria del dirigente petrolero Carlos Romero Deschamps. El 10 de septiembre del año pasado, la Procuraduría General de la República solicitó su desafuero a la Cámara de Diputados, de que es todavía miembro por tercera vez. El ministerio público de la Federación explicó que su propósito era fincar responsabilidades al dirigente obrero por la recepción indebida de 1, 580 millones de pesos.
Por una combinación de estorbos legales e impedimentos políticos (que eventualmente pueden entrañar un acuerdo secreto entre el PRI y el PAN) no fue posible que Romero Deschamps quedara expuesto a la acción penal.
Mantiene su fuero, todavía hasta el 31 de agosto. A diferencia de su homólogo Fernando Espino Arévalo, líder de un Sindicato de Trabajadores del Metro que ha cambiado de nombre a capricho del líder, cuyo desafuero fue solicitado por la Procuraduría de Justicia capitalina, que mantendrá su inmunidad porque oportunamente saltó de la Asamblea Legislativa a la Cámara federal, mediante una también pertinente mudanza de chaqueta política; a diferencia digo de Espino Arévalo, a partir de la primera hora del lunes primero de septiembre será posible que la PGR vaya tras Romero Deschamps.
No habrá impedimento de ninguna índole para que prospere la averiguación previa que concluya en su consignación ante un juez.
En cambio, la impunidad del senador Ricardo Aldana se prolongará quizá hasta agosto del 2006. En realidad, podría activarse dentro de unas semanas (tan pronto se instalen la Comisión jurisdiccional de la nueva legislatura en San Lázaro y la Sección Instructora) el mecanismo para intentar de nuevo su desafuero, igualmente demandado por la Procuraduría federal, por idéntico motivo al que afecta a Romero Deschamps.
Pero aun si hubiera voluntad política (y es de esperarse que el PAN la tenga, toda vez que Francisco Barrio halló las primeras evidencias de la irregular disposición del dinero de Pemex recibido por Romero Deschamps y Aldana), subsistirán obstáculos jurídicos por lo menos durante algunas semanas todavía.
Sin litigarlo, el tesorero del sindicato de Pemex acaba de ganar una nueva dosis de tiempo. Entre las muchas argucias con que el secretario general y él mismo consiguieron demorar una decisión parlamentaria sobre su caso, se han contado innumerables incidentes procesales, todavía más embrollados porque si era preciso al cabo de cada uno de ellos se acudió al juicio de amparo. En uno de esos incidentes, la defensa de Aldana consiguió un fallo favorable en el juicio de garantías que siguió a la negativa de PGR de darle acceso a la averiguación previa en los términos buscados por el senador en cuestión.
La segunda instancia, como es normal, debió ser resuelta por un tribunal del circuito. Pero la PGR consideró más apropiado que fuera la Suprema Corte de Justicia la que efectuara la revisión y no un tribunal colegiado. Lo solicitó y anteayer recibió una respuesta negativa.
Eso significa que el amparo sobre un incidente volverá al circuito judicial acostumbrado. Aun si se instalara pronto la Sección Instructora en la nueva legislatura y hubiera decisión de impulsar su actividad, la falta de una sentencia en aquel juicio de garantías estorbaría la actividad del organismo parlamentario que propone al pleno levantar la protección a sus miembros.
En eso radica la importancia de la resolución adoptada el miércoles por la segunda sala de la primera sala. A juzgar por el contenido de la ponencia misma que no fue aprobada y con mayor razón considerando el parecer de quienes votaron en contra, no quedó claro en la conciencia de los ministros que la trascendencia del tema consiste en alentar la lucha contra la corrupción administrativa y sindical.
El ministro José de Jesús Gudiño Pelayo defendió en su ponencia que la Corte tomara para sí el caso, sobre la base de que es de primera importancia establecer los límites de la acción de un abogado defensor en la averiguación previa (pues la litis consistía en que la PGR negó a una defensora de Aldana acceso al expediente).
Tres de sus compañeros se manifestaron en sentido contrario. Restaron importancia a que el episodio judicial involucrara a Pemex. La PGR había subrayado en su pedido de atención excepcional, que se trata de un caso en que “investiga delitos relacionados con el desvío de recursos de Petróleos Mexicanos, empresa que constituye uno de los pilares que sustentan el sistema económico del país”. Con un retintín desdeñoso la respuesta fue que, de acceder la Corte tendría que efectuar la revisión de todos los juicios de amparo en que Pemex participara.
Aunque importa mucho el que se trate de dinero procedente de esa empresa, lo que en mi opinión debió concitar el interés de la Corte para atraer el caso es que se trata del más documentado y descomunal acontecimiento relacionado con la corrupción.
Ante las autoridades electorales —el IFE y el Trife— quedó ya patentemente establecido que Aldana encarnó el mecanismo por el cual 640 millones de pesos pasaron de la tesorería de Pemex a la del PRI, previa estación en la del sindicato de que es tesorero. Ese dinero es parte del que, en la averiguación impulsada por la PGR, recibieron Aldana y el secretario general de manera indebida: 1,580 millones de pesos. La Corte perdió la oportunidad de participar en el desmontamiento de la prueba más acabada del financiamiento subrepticio al PRI.